Uno de los objetivos es ratificar el monopolio del Estado

Uruguay evalúa un proyecto para reestructurar los juegos de azar y apuestas

(Uruguay).- El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley para reestructurar la actividad de los juegos de azar. Se busca que sea el marco general en la materia para luego poder atacar el juego clandestino u otros aún no regulados.
25-03-2014
Tiempo de lectura 2:49 min
(Uruguay).- El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley para reestructurar la actividad de los juegos de azar. Se busca que sea el marco general en la materia para luego poder atacar el juego clandestino u otros aún no regulados.

La normativa prevé la creación de la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado (que sustituirá la Dirección General de Casinos) como un servicio descentralizado comercial y la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar (hasta ahora la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas) como forma de reestructurar la actividad lúdica.

Uno de los objetivos del proyecto es ratificar el monopolio del Estado sobre los juegos de azar y apuestas, incluyendo los casinos, las actividades hípicas, loterías y quinielas y los juegos de azar a través de las tecnologías informáticas, telefónicas o en general ejecutadas a distancia por medios telemáticos, según consta en la exposición de motivos de la nueva norma.

Otra de las intenciones es la de crear un órgano de contralor capaz de regular y fiscalizar todo lo relativo a las prohibiciones o autorizaciones de explotación de juegos de azar, así como sancionar administrativamente a los infractores, sin perjuicio de las disposiciones penales a nivel judicial.

Una de las actuaciones que podrá realizar la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar será la de aplicar multas en forma proporcional al perjuicio económico que se pudiera haber ocasionado a los apostadores o el beneficio indebido obtenido por el explotador, según corresponda, y no podrá superar en cinco veces al mismo.

Además, en el caso en que no sea posible determinar el perjuicio económico ocasionado o el beneficio indebido obtenido, el monto máximo de la multa será de 15 millones de Unidades Indexadas (UI) -que actualmente equivalen a $ 42,3 millones-, prevé el texto.

Por su parte, el proyecto también establece que "el que en lugares públicos o accesible al público, en contravención a las normas y reglamentos aplicables tuviere, explotare, o facilitare juegos de azar, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría".

A su vez, se indicó que "el que en las mismas circunstancias tomare participación en juegos de azar será castigado con una multa de 2.500 a 25.000 UI ($ 7.049 a $ 70.487) o prisión equivalente".

El director nacional de Casinos, Javier Chá, explicó a El País que este último artículo refiere, en general, al juego clandestino. "La definición del Poder Ejecutivo fue que este proyecto de ley proporcionara el marco general; que aportara definiciones jurídicas para poder manejarse en el mercado y a partir de su aprobación avanzar sobre situaciones específicas", indicó.

Chá añadió que una de esas situaciones es la de las tragamonedas que funcionan en forma irregular en algunos establecimientos comerciales. "Deberá haber otra normativa luego de la aprobación del proyecto que atienda específicamente esa situación particular que no puede ser cubierta en términos generales en este", dijo.

Otro de los aspectos en que se deberá avanzar para encontrar definiciones es el de los juegos que se efectúan por Internet y de manera online. "Esa es otra situación particular y en la medida que esté la base de este proyecto de ley convendría que tenga una regulación específica como en el caso anterior", sostuvo Chá.

El funcionario agregó que el desarrollo y el crecimiento internacional de los juegos online son una problemática para muchos países y por eso se deben definir normas regulatorias, aunque reconoció que esa definición no será una matera sencilla de resolver.

"El país debe tomar definiciones para ver qué se hace con esta opción de juego que no está habilitada por ninguna norma. Es un juego no autorizado y hay que aportar claridad en un tema que está indefinido desde hace muchos años", afirmó el jerarca.

Refiriéndose a la nueva normativa, Chá indicó que las definiciones legales sobre los juegos de azar estaban atrasadas, con normas muy antiguas que necesitaban un marco jurídico más sólido.

"La intención es mejorar y perfeccionar la presencia del Estado en el juego de modo de cumplir con los objetivos de fiscalización, regulación y transparencia y con la explotación más eficiente", añadió.

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