Edición Latinoamérica
25 de Junio de 2019

El miércoles habrá una nueva marcha de Fenabanca al Palacio Nacional

República Dominicana: sigue el conflicto entre las bancas de lotería y los concesionarios

República Dominicana: sigue el conflicto entre las bancas de lotería y los concesionarios
Los protestantes con carteles en manos demandaron la intervención activa del presidente Danilo Medina y del Ministerio de Hacienda.
Republica Dominicana | 17/09/2018

Decenas de empleados de banca de apuestas y miembros de la Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana (Fenabanca), realizaron la semana pasada un piquete frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La Justicia aplazó para el miércoles el conocimiento de la demanda interpuesta por Leidsa contra el presidente de Fenabanca, William Rosario Ortiz, quien habría comercializado la marca de quiniela palé de forma irregular.

L

a protesta fue en respaldo al presidente de Fenabanca, quien fue demandado por la Lotería Real y Leidsa por presunta violación a la Ley de Propiedad Industrial, con la venta de productos de lotería patentados por el demandante.

Los protestantes con carteles en manos demandaron la intervención activa del presidente Danilo Medina y del Ministerio de Hacienda y anunciaron que el próximo miércoles harán una marcha al Palacio Nacional. Expresaron su rechazo del presunto cobro ilegal de más de 80 millones de pesos que le hacen concesionarias y compañías de loterías privadas.

El juez Teófilo Andújar, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, aplazó para el miércoles  el conocimiento de la demanda interpuesta por Leidsa contra el presidente de Fenabanca, William Rosario Ortiz, quien fue encontrado comercializando la marca de quiniela palé y otros productos de Leidsa, en presunta violación a la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Por su parte, Rosario Ortiz acusó a la Lotería Real y Leidsa de amenazarlos y extorsionar al sector bancas de loterías con el cobro de un impuesto ilegal que le quiere imponer por uso de terminales, lo cual, según los denunciantes, entra en contradicción con los acuerdos y el decreto número 147-02.

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