El sector de máquinas recreativas de la Comunidad Valenciana advierte sobre la pérdida de empleos

La Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunitat Valenciana (Andemar) alerta que la nueva ley del juego, que entró en vigo en junio, podría generarle a la Generalidad una baja de 80 millones de euros en la recaudación tributaria y derivar en la destrucción de 4.000 puestos de trabajo en hostelería y empresas operadoras de máquinas recreativas, y otras 1.600 en salones de juego.

La entidad, presidida por Encarnación Elvira Gaspar Pérez, considera que el Informe del Juego de 2019 de la Comunitat Valenciana presentado recientemente en las Corts demuestra que no existen datos objetivos para haber aprobado una ley a la que califican de "mordaza". Recuerda que el pasado año no se acreditó ningún expediente sancionador con acceso de menores de edad a establecimientos de hostelería ni de juego frente a las 28 reflejadas en 2018.

Las inspecciones en máquinas de juego el pasado año fueron 16.676, en puestos de juego, 32.472, y en establecimientos de hostelería, 184 y cinco actas. En salones de juego, de las 910 inspecciones realizadas solo 10 expedientes se convirtieron en sanción. Además, en ninguna de la 50.257 inspecciones a establecimientos se ha detectado la presencia de menores.

Además, la asociación señala que en todos los informes y memorias anuales nunca hubo acta o expediente sancionador relativo a menores de edad. En cambio, sí que se aprecia un incremento del juego ilegal o clandestino, con un aumento de expedientes sancionadores al pasar de los 29 de 2018 a los 71 procedimientos de 2019 por un importe de 401.753 euros, prácticamente la mitad de lo recaudado por sanciones.

Otro aspecto que refleja el informe sobre el juego en la Comunitat Valenciana es el volumen de impuestos que paga el sector. La recaudación tributaria ha pasado de 136,2 millones en 2018 a 156,9 millones el pasado año.