Castilla-La Mancha aprobó el proyecto de Ley del Juego

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la nueva Ley del Juego, a la cual la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, definió como "más restrictiva, con mayores limitaciones y con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a los menores de edad", respecto de la legislación vigente de 2013, que permitió que los salones de juego se cuadruplicaran en siete años, pasando de 51 a 200 en 2020. Entraría en vigor el próximo semestre.

"Siempre nos opusimos cuando estuvimos en la oposición porque entendíamos que se podrían incrementar exponencialmente este tipo de establecimientos en nuestros pueblos y ciudades y así ha sido", recordó Fernández en un comunicado del Gobierno donde aseguraron que la nueva normativa busca "compatibilizar la actividad con la protección de la población más vulnerable".

El proyecto contempla "las adaptaciones técnicas propuestas por el Consejo Consultivo" y establece "cuándo los ayuntamientos pueden declarar en su término municipal zonas saturadas de locales de juego". También fija un régimen de publicidad más restrictivo, "prohibiéndola en general".

Fernández destacó la creación del Observatorio de Juego Responsable como una "de las novedades más importantes", en matería de "prevención de las conductas adictivas y el fomento del juego responsable" y "con el fin de proponer todas políticas públicas encaminadas hacia las buenas prácticas".

"Creemos sinceramente que hay que ordenar este sector, que, si bien es cierto tiene derecho a formar parte del tejido productivo de Castilla-La Mancha, hay que compatibilizarlo con el interés general y con la prevención de la ludopatía y de la adicción al juego al juego. Y ese es el objetivo de esta ley entendemos que se puede cumplir que está diseñada para ello", declaró la portavoz.

"Otra de las novedades tiene que ver con la ubicación de los establecimientos de juego, que no podrán estar situados a una distancia inferior a 150 metros entre sí para evitar una excesiva concentración, a la vez que deberán guardar una distancia mínima de 300 metros respecto a los accesos principales a centros oficiales de enseñanza reglada para impedir que sean un reclamo para los estudiantes. Si bien, esta medida no afectará a bingos o casinos", informaron, aunque explicaron que esto "no puede afectar a los locales que ya están autorizados, pero sí cuando vayan a solicitar la renovación", con la fecha límite del 31 de diciembre de 2028, y que "no afectará a bingos o casinos".

La controvertida legislación se aprobó en el marco de que la Junta de Castilla-La Mancha incluyó a la industria del juego dentro de las ayudas económicas directas a autónomos y empresas, una buena noticia para el sector que, además de reforzar los controles de acceso, como establece la nueva normativa, para "impedir el paso de aquellas personas que lo tengan prohibido", deberá encontrar estabilidad y solidez, en tiempos de pandemia y restricciones.