El Pleno del Congreso de los Diputados de España debatirá este jueves el dictamen favorable que la Comisión de Sanidad y Consumo emitió el pasado 27 de junio sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. El principal objetivo es luchar contra el fraude en las apuestas y proteger a los grupos de jugadores “en riesgo".
Por un lado, la iniciativa propone una disposición adicional relativa al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), gestionado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Este sería responsable del tratamiento de datos de carácter personal que se realicen cuyo fin es la prevención y lucha contra el fraude en el mercado de apuestas deportivas y la manipulación en competiciones de este tipo, por medio del “oportuno intercambio de información entre sus participantes”, informó la agencia de noticias Servimedia.
El proyecto señala que dicho servicio se configura como una “red de cooperación interactiva y accesible” por vía telemática, a la que podrán adherirse el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego, que, según el texto, colaborarán con la DGOJ informando sobre aquellos hechos que consideren “susceptibles o sospechosos” de constituir un fraude en el ámbito de las apuestas deportivas.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán la condición de “cesionarias” de los datos personales que les sean facilitados por la DGOJ a través de este servicio y en el mismo se podrán tratar datos relativos a la identidad de las personas sobre las que existan indicios de haber incurrido en “algún tipo de comportamiento o práctica fraudulenta”; datos identificativos de terminales y dispositivos de conectividad; datos relativos a la competición, equipo y eventos concretos en los que participen; domicilio y datos de contacto; información sobre su actividad de juego, entre otros. El proyecto aclara que los datos personales que trate el servicio no serán conservados durante un periodo superior a un año desde su obtención.
Además, señalaron que para impedir que se “obstaculicen” las investigaciones de este servicio de investigación, la DGOJ podrá “restringir” los derechos de “acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición y portabilidad” respecto al tratamiento de datos en el mismo.
Por otra parte, la iniciativa también plantea que una de las funciones de la Comisión Nacional de Juego sea la de reforzar la capacidad de evaluación de la autoridad reguladora a la hora de “contrastar” la eficacia de las medidas sobre juego responsable o seguro exigibles a los operadores.
En este sentido, se añade un apartado 16 al artículo 21 de la Ley de 2011, que incorpora a las funciones de la Comisión Nacional del Juego la de "proteger” a los grupos de jugadores “en riesgo" evaluando la eficacia de las medidas sobre juego responsable o más seguro dirigidas a estos colectivos que deban desarrollar los operadores de juego.
En marzo pasado, Rafael Escudero Alday, Secretario General de Consumo y Juego, hizo referencia a la industria del juego en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo en el Congreso de los Diputados, y anunció que la Ley de Regulación del Juego sería sometida a modificaciones. Al cierre de junio, la Comisión aprobó el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 13/2011 de regulación del juego. Y más recientemente, en julio, se publicó en el Boletín Oficial el informe de la Ponencia, en el que se incluyeron una serie de enmiendas aprobadas.
Acceda al proyecto de ley para modificar la ley del jego en España aquí.