El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile anunció la decisión de otorgar un plazo de 30 días hábiles a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para que “deje sin efecto” los contratos suscritos con operadores de apuestas deportivas online, las cuales realizan una actividad “al margen de la ley”.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Justicia chileno, Jaime Gajardo, señaló que, conforme a la legislación vigente y a argumentos de la Superintendencia de Casinos de Juego, el Ejecutivo considera que la operación de las casas de apuestas constituye “una actividad que se realiza al margen de la ley” y que “no tiene fundamento normativo” en la Constitución.
“Hemos determinado que estos contratos que tiene [la ANFP] con estos terceros que realizan apuestas online con domicilio en el extranjero no se encuentran permitidos en la legislación nacional. Por lo cual, no cabe otra cosa que dejarlos sin efecto”, remarcó Gajardo.
En esa línea, explicó que la ANFP es una organización sin fines de lucro y que, de acuerdo al Código Civil, el Ministerio de Justicia está facultado de fiscalizarla a fin de que “cumplan su objeto social, que es realizar actividades de interés público”.
“En ese sentido, no pueden tener contratos con otras empresas u otras organizaciones que realicen actividades ilegales en nuestro país”, subrayó.
Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia de Chile
En tanto, el funcionario advirtió que “el no cumplimiento de estas instrucciones faculta al Ministerio de Justicia, conforme a la legislación vigente, a solicitar al Consejo de Defensa del Estado la disolución o término de la personalidad jurídica”.
Cabe señalar que el proceso de fiscalización realizado a la ANFP por el Ministerio de Justicia fue solicitado en agosto del 2022 por un grupo de diputados que alertaron que las casas de apuestas online no contaban con un marco regulatorio.
En enero de este año, la ANFP y la casa de apuestas Betsson celebraron un acuerdo de tres años para el auspicio de la liga de fútbol de Primera División en Chile, torneo que actualmente se conoce como el Campeonato Betsson. La oferta aceptada fue de USD 2,5 millones, con montos progresivos hasta el término del contrato.
El subsecretario Jaime Gajardo también anunció que se solicitó a la ANFP que informe sobre la naturaleza jurídica de sus asociados para analizar si estos también tienen contratos con casas de apuestas y, eventualmente, “determinar si también se le aplican estas instrucciones”.
En este contexto, el funcionario explicó que los clubes asociados podrían ser asociaciones, sociedades anónimas deportivas o sociedades deportivas, las cuales poseen otros marcos normativos. “A partir de ello, analizaremos si también proceden las instrucciones que hemos impartido para la ANFP para el resto de los socios de esta asociación”, indicó.