México: Aseguran que la medida para prohibir las máquinas tragamonedas no afectará la actividad económica de la industria

La presentación del decreto para prohibir las apuestas o sorteos a través de máquinas tragamonedas por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, encabezada por Luisa María Alcalde, sigue despertando distintas reacciones en la industria.

La nueva legislación, que reformará la actual Ley Federal de Juegos de Azar, será presentará ante el Congreso para su análisis y discusión y se espera que sea promulgada en breve. Cabe recordar que las máquinas tragamonedas que funcionan en los casinos fueron legalizadas en el sexenio del presidente Felipe Calderón y avaladas en 2016 por decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia.

Mientras que por parte del gobierno señalan que la nueva iniciativa apunta a reducir el juego problemático y la ludopatía de muchos mexicanos, los empresarios de casinos han manifestado su rechazo porque ven en esta medida una pérdida para sus negocios.

En la exposición de motivos del proyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias (Conamer) por parte de la Segob se explica que “el Estado mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, evitando los efectos potencialmente dañinos del juego con apuesta y azar que puedan impactar en la niñez, la adolescencia, la juventud del país y sus adultos mayores, así como el daño que se llegue a generar a las personas con discapacidad mental o psicosocial o aquellos que sufren alguna enfermedad o adicción, como lo es la ludopatía o el trastorno del juego”.

Al respecto, el periodista Eduardo Esquivel Ancona explica en su columna en el medio mexicano SDP Noticias que este proyecto no apunta a poner en riesgo la actividad económica de la industria, sino que busca prevenir adicciones y daños a la salud mental motivados por “este tipo de apuestas que pueden llegar a la ludopatía”, ya que “muchas de estas máquinas tragamonedas no solo se encuentran en las casas de juego legales, sino también en mercados de muchas ciudades del país donde tienen acceso a estos menores de edad”.

En este sentido, desmiente una reciente nota del periodista Mario Maldonado, quien asegura que las tragamonedas “representan un negocio de alrededor de MXN 15.000 millones (USD 874.317.000) al año para los operadores y que, además de la pérdida que significará para la industria, estos juegos generan unos MXN 4.700 millones (USD 273.952.660) de ingresos para el erario público, que dejarán de percibirse”.

Esquivel Ancona subraya que la propuesta no afectará los empleos -directos e indirectos- que generan los operadores, ya que no es retroactiva y “los 444 casinos que operan actualmente en el territorio mexicano podrán mantener sus máquinas, pero solo durante la vigencia de sus permisos”. Esto significa que los establecimientos seguirán teniendo ganancias por ese nicho de negocio y seguirán aportando al fisco.

Futuras aperturas y autorizaciones

Aparte de los 444 salones mencionados, existen actualmente permisos vigentes que incluyen 408 casinos adicionales, los cuales no están en operación. Si entra en vigor la nueva propuesta y si estos sitios deciden abrir, ya no podrán tener “máquinas de sorteos”, misma restricción que aplicará para prórrogas de permisos o nuevas autorizaciones.

El proyecto también contempla que los permisionarios ya no tendrán derecho a entregar para su explotación de su concesión a un operador, “con lo que se acabaría con las malas prácticas que suceden actualmente donde un grupo que tiene contactos e influencias obtiene un permiso para un centro de apuestas y este lo entrega mediante una renta a un operador”, detalla Esquivel Ancona en su columna.

En México hay 26 empresas que son dueñas de los 386 casinos registrados en los archivos de la Segob, los cuales reportan ingresos de hasta MXN 5.000 millones (USD 290 millones) al año, de acuerdo con información del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que “es necesario que estos negocios funcionen de forma adecuada y no se ponga en riesgo esta actividad económica y los más de 45.000 empleos directos y 130.000 indirectos que genera este giro empresarial”, añade el artículo.