Las Cortes de Castilla y León aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley del Juego y de las Apuestas, que fue propuesta por el gobierno de dicha comunidad autónoma española. Para su entrada en vigencia, deberán transcurrir 20 días naturales tras su publicación.
En el recinto legislativo autonómico, la norma recibió el apoyo del Partido Popular y VOX, sumando un total de 49 votos a favor. En contra, votaron las bancadas del Partido Socialista y de Unidas Podemos.
Al sustentar la ley ante las cortes, el consejero de la Presidencia de la comunidad, Luis Miguel González Gago, afirmó que este texto legal “será, sin duda, el más moderno de España” en su ámbito, y que “era ineludible incluir nuevas medidas normativas adecuadas a la realidad de hoy en día en esta materia”.
Tras 26 años, Castilla y León cuenta con una nueva Ley del Juego. En @jcyl protegemos a las personas más vulnerables y damos seguridad jurídica a este sector empresarial.
— Luis Miguel Gonzalez Gago (@luismiggago) March 14, 2024
Orgulloso y agradecido por el consenso social y empresarial, sin el que esta Ley no habría sido posible. pic.twitter.com/l9Vvb3AKaf
En esa línea, explicó que la norma otorga “una importancia central al diálogo colaborativo entre el Gobierno autonómico y todos los actores clave del ámbito del juego y las apuestas”, ponderando así las necesidades y peticiones del sector empresarial del juego, de las asociaciones de usuarios, de los representantes de los trabajadores y de las administraciones municipales, autonómica y estatal.
A partir de ello, González Gago resaltó que la ley “parte de dos principios generales: por un lado, consagrar la mayor y mejor protección de las personas vulnerables que puedan verse afectadas por esta actividad, y, por otro, ofrecer seguridad jurídica a este sector empresarial, que ampara unos 2.000 puestos de trabajo en Castilla y León, y que produce importantes ingresos tributarios”.
Una de las modificaciones más llamativas que plantea el texto es que parte de la recaudación obtenida tendrá por finalidad la financiación de programas de prevención y rehabilitación de personas con problemas de adicción al juego, a campañas de prevención, y a programas sociales, educativos y de salud pública.
Luis Miguel González Gago
González Gago también precisó que la ley "recoge la intensificación del control de entrada a los establecimientos específicos, que a partir de ahora deberán tener un registro individualizado de los visitantes, y limita absolutamente la visualización de estos establecimientos desde la calle".
Además, se amplía desde los 100 hasta los 150 metros la distancia que debe haber entre cualquiera de estos establecimientos y los centros oficiales de enseñanza reglada. A su vez, se fija un nuevo régimen de distancias mínimas de 300 metros entre distintos establecimientos específicos de juego y apuestas, para evitar zonas de saturación.
Finalmente, en cuanto a la promoción, publicidad y patrocinio de la actividad del juego, González Gago anunció que “cualquier campaña de este tipo quedará sujeta a autorización administrativa previa, salvo las desarrolladas dentro de los establecimientos específicos o a través de los medios de comunicación especializados”.