Chile: La FNE acusa a Dreams, Enjoy y Marina del Sol de colusión al participar en licitaciones de casinos entre 2020 y 2021

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las cadenas de casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol, a las que acusó de coludirse para presuntamente manipular resultados de licitaciones de permisos otorgados en dicha industria. Por ello, se exigen multas millonarias y la devolución de las autorizaciones obtenidas.

Según medios locales, la agencia antimonopolio denunció hechos ocurridos entre 2020 y 2021, período en que las referidas empresas habrían acordado “que cada uno ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento eran de su titularidad sin enfrentar competencia de los demás partícipes del ilícito”.

“Esta colusión permitió a las empresas requeridas obtener la renovación de los permisos de operación vinculados a sus respectivos casinos de juego por un plazo de quince años y presentar ofertas económicas más bajas que las que hubiesen formulado en un escenario competitivo”, advirtió la FNE.

En su requerimiento, el ente fiscalizador indicó que en los hechos participaron Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams; Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy; y Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, “quienes se reunían y contactaban permanentemente para abordar diferentes materias, logrando el acuerdo que se describe en este requerimiento”.

También mencionaron a Claudio Fischer, “quien en su calidad de presidente del directorio de Dreams, además de aprobar el actuar anticompetitivo de la compañía, participó en uno de los encuentros clave desarrollados con ocasión de esta infracción, y Claudio Tessada, gerente de administración y finanzas de Dreams, quien ejecutó actos que facilitaron la materialización del acuerdo”.

Sobre las multas, la FNE exige a Dreams el pago de 126.806 UTA, equivalentes a USD 112,4 millones; y a Enjoy, el desembolso de 41.498 UTA, que serían unos USD 36,8 millones. De acuerdo a medios chilenos, se trata de “cifras históricas para casos de colusión”.

En cuanto a los directivos, se exige el pago de 1.218 UTA (USD 1 millón) a Jaime Wilhelm (Dreams); 941 UTA (USD 834 mil) a Claudio Fischer (Dreams); 761 UTA (USD 674 mil) a Claudio Tessada (Dreams); y 130 UTA (USD 115 mil) a Henry Comber (Enjoy).

Respecto de Marina del Sol y sus ejecutivos involucrados, la FNE requirió al TDLC que “los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada”.

En esa línea, pidieron que se declare la exención de responsabilidad penal por los hechos imputados para los directivos de Marina del Sol alcanzados por dicho programa.

De esta manera, la FNE formaliza la acusación del caso que se inició en 2022, con el allanamiento de las casas de ejecutivos vinculados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol. En mayo del 2023, autoridades de las dos primeras firmas se presentaron ante el TDLC, a causa de una presentación de Corporación Meier sobre la licitación de casinos de 2021, que disparó la investigación por colusión

Meses más tarde, en agosto, Dreams anunció que su directorio aceptaba la “renuncia voluntaria” de Jaime Wilhelm a la gerencia general “por motivos personales” y en medio de la investigación.

Claves del caso

Según el requerimiento, la FNE sostuvo que la evidencia muestra que, “en la medida que se acercaban las fechas de presentación de ofertas para las licitaciones desarrolladas por la SCJ, existieron constantes comunicaciones entre los directivos acusados, las que se tornaron progresivamente más explícitas en relación con la idea de abordar concertadamente tales procesos”.

Según cálculos realizados, las ofertas realizadas por Dreams, Enjoy y Marina del Sol en el marco de este acuerdo “representaron un porcentaje extremadamente bajo de los ingresos brutos que las compañías percibieron por concepto de juegos”.

“Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Mostazal, Rinconada de los Andes y Talcahuano —principales casinos de las requeridas— sus ofertas económicas fueron inferiores al 1% de sus ingresos brutos del juego promedio de 2018-2019, lo que contrasta con el anterior proceso licitatorio convocado por la SCJ del 2018, donde, si bien fueron licitadas otras plazas, las ofertas equivalían en promedio a porcentajes muy superiores al 20% de los ingresos brutos del juego promedio anuales de las empresas”, detallaron.

En cuanto a las multas exigidas, la FNE afirmó que estas “consideran la gravedad de un cartel que ha estado afectando directamente los intereses del Estado y los recursos de las municipalidades donde se encuentran los casinos operados”.

“Esperamos que, junto con pagar las multas que solicitamos, la sentencia ordene a las empresas requeridas devolver cuanto antes los permisos que obtuvieron y se reestablezca la competencia en esta industria”, concluyeron.