El ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, se pronunció sobre las acusaciones por colusión contra las empresas Enjoy, Dreams y Marina del Sol, y afirmó que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) posee evidencias “muy contundentes” contra los operadores de casinos.
La semana pasada, la FNE presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las referidas empresas por el presunto delito de colusión. A raíz de ello, se exigen multas millonarias y que se devuelvan las autorizaciones de casinos obtenidas.
En diálogo con Radio Biobío, el ministro chileno afirmó que la agencia antimonopolio ha presentado “muy buenos antecedentes” sobre lo que sería la “coordinación entre tres empresas, dueñas de distintos casinos en el país, para efectos de ver quién iba ir a distintas licitaciones”.
“Quiero ser bien claro: la evidencia que tiene Fiscalía, que es una organización autónoma pero que nosotros apoyamos en su trabajo, es muy contundente. [...] Se tienen los WhatsApp [de los ejecutivos acusados], los computadores, se saben las conversaciones que tuvieron”, recalcó Grau.
A partir de ello, afirmó que la situación es “sumamente grave” y, al ser una posible colusión, “puede implicar consecuencias penales una vez termine el proceso”.
“Es muy normal que las empresas digan que esto no es cierto pero lo que les puedo transmitir, con total certeza, es que tal como ha señalado la Fiscalía Nacional Económica, la evidencia es totalmente contundente”, concluyó Grau.
Por otro lado, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) confirmó que la investigación contra las cadenas de casinos se inició por una denuncia que realizaron, a partir de sospechas en la presentación de ofertas técnicas y económicas entre octubre de 2021 y enero de 2022.
Sobre ello, el jefe de la División Jurídica de la SCJ, Manuel Zárate Campos, detalló que las sospechas comenzaron en el marco de las audiencias públicas de presentación de ofertas técnicas y económicas, en las que postularon 14 sociedades para ocupar 12 cupos disponibles. Es decir, sólo en dos de un total de 14 comunas, hubo más de un oferente.
Manuel Zárate
“Esta situación llamó la atención de la superintendencia y fue una de las razones que motivó la presentación de dicha denuncia, en cumplimiento de la obligación que tienen las instituciones públicas de denunciar no sólo cualquier hecho que pudiera constituir una infracción grave en contra de la libre competencia, sino que incluso el delito de colusión, lo que en definitiva deberá ser determinado tanto por el TDLC como por los tribunales con competencia penal, respectivamente”, explicó Zárate.
De acuerdo al requerimiento de la FNE, la evidencia muestra que “en la medida que se acercaban las fechas de presentación de ofertas para las licitaciones desarrolladas por la SCJ, existieron constantes comunicaciones entre los directivos acusados, las que se tornaron progresivamente más explícitas en relación con la idea de abordar concertadamente tales procesos”.
En cuanto a las multas exigidas, la FNE afirmó que estas “consideran la gravedad de un cartel que ha estado afectando directamente los intereses del Estado y los recursos de las municipalidades donde se encuentran los casinos operados”.
“Esperamos que, junto con pagar las multas que solicitamos, la sentencia ordene a las empresas requeridas devolver cuanto antes los permisos que obtuvieron y se reestablezca la competencia en esta industria”, concluyeron.