Argentina: La Defensoría propone restringir la publicidad y patrocinios deportivos de operadores de apuestas online

La Defensoría del Pueblo de la Nación argentina presentó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir la publicidad y patrocinios deportivos de los operadores de juegos y apuestas online en todo el país, a fin de “desincentivar las ciberludopatías y sus efectos nocivos para las personas”, sobre todo los menores de edad.

El proyecto de ley fue ingresado al Congreso de la Nación a mediados de agosto del 2024, a través de la Comisión Bicameral Permanente.

La iniciativa se suma a otras presentadas en los últimos meses, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entre estas, las impulsadas por los senadores Eduardo Wado de Pedro y Anabel Fernández Sagasti y por los diputados Constanza Alonso, Maximiliano Ferraro y Eduardo Toniolli, las cuales también plantean restricciones a la publicidad del juego online.

En su artículo 5, el proyecto plantea que se prohíba “la publicidad y promoción de los juegos de azar y apuestas on line, en forma directa o indirecta”, a través de cualquier medio de difusión o comunicación; y en eventos artísticos y/o deportivos a través de cualquier medio de difusión o comunicación.

También plantea el veto de estrategias de marketing tales como el “bono de bienvenida”, que tiene como finalidad “inducir” al jugador a inscribirse en una plataforma de juegos.

Del mismo modo, en el artículo 7, “se prohíbe el patrocinio de eventos o equipos deportivos que atraigan principalmente a una audiencia menor de edad por parte de operadores de juegos y apuestas”. En caso se apruebe, el texto considera que “los acuerdos de patrocinio existentes deberán finalizar en la fecha estipulada en el contrato no pudiéndose renovar para el futuro”.

Por otro lado, se exceptúa de la prohibición “a la publicidad y promoción que se hiciera en el interior de los lugares habilitados para funcionar como establecimientos de juegos y apuestas, los que deberán incluir mensajes claros y visibles sobre los riesgos de la ludopatía y los recursos disponibles para la prevención y el tratamiento de la adicción al juego”.

Ante el incumplimiento de las prohibiciones, el proyecto prevé sanciones como el apercibimiento, multas o la suspensión o cancelación de la habilitación para operar juegos y apuestas online.

Finalmente, se dispone de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley para que los operadores online puedan “adaptar sus prácticas y publicidad a las disposiciones establecidas”.