Juego ilegal en Sudamérica

Chile es uno de los países referentes en la regulación de los Casinos en Sudamérica. Sin embargo, las máquinas de juego que operan sin la autorización de la Superintendencia de Casinos de Juego superan significativamente las que están bajo su control.

En Uruguay, los casinos sólo pueden ser operados por el Estado –sea el gobierno nacional o la Intendencia Municipal de Montevideo-, con las excepciones del Hotel Casino Conrad y del Hotel Casino Carrasco; sin embargo, en todo el país se puede apostar en máquinas de juego que no están dentro de establecimientos administrados por el Estado, ni en los hoteles antes mencionados.

Ciudad del Este, en Paraguay, no es sólo una de las ciudades con mayor tráfico comercial del mundo. También podría considerarse uno de los lugares con mayor número de “máquinas de calle”; es decir, máquinas de juego que están literalmente en las pistas, veredas y calles, sin ningún permiso y con acceso libre a mayores y menores de edad.

En Paraguay, las máquinas de juego sólo pueden operar dentro de un casino autorizado por la CONAJZAR o en una sala de juego autorizada por la Junta Municipal correspondiente. Sin embargo, la ley parece ser letra muerta.

En Colombia hubo un cambio de autoridad. Así como antes salió ECOSALUD y entró ETESA, ahora salió ETESA y entró COLJUEGOS. Sin embargo, la informalidad no ha cambiado. No existiendo estadísticas oficiales del juego ilegal, se considera que más del 50% funcionan sin contrato con COLJUEGOS.

Hay otros países de la región donde prácticamente el juego está prohibido: Brasil, Ecuador y Venezuela. La prohibición sólo es de papel
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¿Porqué ocurre esto? Son tres las causas generales que pueden causar la informalidad en un sector regulado: I) Malas leyes, II) Falta de fiscalización y III) Corrupción.

I) Malas leyes: Las legislaciones sobre juegos en Sudamérica, por regla general, no son coherentes y sistematizadas. Los códigos civiles y penales dicen una cosa y las leyes especiales dicen otra.

Los legisladores no toman como ámbito de aplicación los juegos jurídicamente relevantes, y siguen tomando como base a los “juegos de azar”, una categoría absolutamente desfasada por la tecnología, cuando deberían utilizar como columna vertebral a los “juegos de apuesta”.

El primer modelo regulatorio que está siguiendo esta tendencia es Nicaragua. Los vacíos legales son usados por quienes pretenden operar al margen de lo establecido por las autoridades de juego. Al no haber tratamiento uniforme a todos los juegos de apuesta, el sistema se desestabiliza.

II) Falta de fiscalización: En el Perú, la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas le declaró la guerra a las “máquinas chinas”. Así le llaman por su procedencia, generalmente de origen asiático.

Caracterizadas por ser más pequeñas que las tragamonedas convencionales y adornadas con dibujos atractivos para un mercado objetivo indebido: los menores de edad. No bastaron leyes. Operativos tras operativos. Hasta el día de hoy, la autoridad peruana decomisa y destruye las máquinas hasta en el lugar más recóndito del Perú.

Importarlas y ensamblarlas es fácil. Su costo no supera los 200 dólares y se colocan en barrios periféricos sin contrato y sin papel. Con unos meses operando, ya recuperaron la inversión.

Por eso, la tarea del Estado debe ser permanente, de otro modo proliferan. La falta de fiscalización ocurre más en este sector cuando la autoridad no está centralizada. Ocurrió por mucho tiempo en Perú, cuando las autorizaciones para tragamonedas la daban las Municipalidades, y ahora ocurre en Paraguay. Muchas autoridades no suman.

III) Corrupción: Una de las razones por las que desapareció ETESA, fue porque hacían la vista gorda a las máquinas no autorizadas. COLJUEGOS tiene la oportunidad de corregir ese problema.

Un caso que puede tenerse en cuenta es otra nueva autoridad, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego de Bolivia, que ha declarado una guerra abierta contra el juego ilegal.

Pero para que esto funcione tiene que existir voluntad política del más alto nivel; asimismo, manteniendo la debida independencia de los poderes del Estado.

Es necesario un verdadero conocimiento de este sector y su regulación, por parte de las autoridades de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y, principalmente, del Poder Judicial.