Todas las máquinas tragamonedas eran utilizadas por adultos y niños en diferentes áreas de la capital, lo cual afectaba su economía y fomentaba los juegos ilícitos, además de funcionar de forma ilegal en almacenes.
La incautación se concretó en un trabajo coordinado que realizó la Policía Nacional Civil con la municipalidad capitalina, bajo los lineamientos de seguridad y de prevención estipulado por el Ministerio de Gobernación. Estas actividades se enmarcaron el sábado en el Plan Génesis por segundo día consecutivo.
La adquisición y uso de estas máquinas infringen el artículo 477 del Código Penal, según el cual, los banqueros, administradores, empresarios, gerentes o demás personas encargadas y los dueños de casas de juegos de suerte, envite o azar, serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de mil a 10 mil Quetzales.