Distintas versiones periodísticas publicadas el viernes pasado en diarios destacados de España indicaron que el actual equipo de dirección de Codere trabaja en un plan a tres años orientado hacia la digitalización y el crecimiento en México y España, en el que no se descarta la entrada en Brasil ni estudiar la posibilidad de proponer al consejo de administración, una vez implementados los programas de crecimiento, una oferta pública de venta (OPV) de acciones en el mercado.
En virtud de esas versiones, Codere envió un comunicado a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para aclarar que “si bien de manera continua se estudian distintas alternativas tendentes a favorecer la liquidez del valor, entre las que se encuentran junto a otras una posible ampliación de capital o una oferta pública de suscripción, a esta fecha no existe ninguna propuesta concreta presentada al Consejo de Administración, ni internamente la dirección está trabajando en una línea concreta en este sentido y no existen mandatos otorgados a bancos”.
La sección económica del diario El País, Cinco Días, aseguró que Codere apunta a impulsar su actividad en México y España y su presencia en el juego online como bases de su crecimiento de ingresos y de beneficios durante los próximos años. En caso de que el negocio recupere variables positivas y el mercado lo permita, la compañía concretaría un redebut bursátil por más de 200 millones de euros que incluiría la venta por parte de algunos accionistas y también una ampliación de capital para amortizar deuda y seguir creciendo, según fuentes cercanas a la empresa citadas por ese medio.
La estrategia llegaría después de cerrar un 2018 en el que mejoró cerca de un 4% su ebitda ajustado respecto al de 2017, por lo cual alcanza un cifra cercana a los 285 millones de euros. El año pasado informó el impacto sufrido por la hiperinflación argentina (la moneda de ese país se depreció más de un 100% frente al dólar), históricamente su mercado principal; en 2017 generaba más del 40% del ebitda ajustado. En la actualidad, la compañía sólo tiene en torno al 2% de su capital cotizando libremente en la Bolsa (free float), y en el último año sus títulos cayeron un 60%.
El grupo acaba de renovar la mayoría de sus licencias de juego en México, que ya se convirtió en su principal mercado, al aportar el 35% del ebitda, frente a cerca del 31% de Argentina y al 9% de España en el tercer trimestre de 2018. En el mercado español, las inversiones de los últimos tres años superan los 50 millones y comenzarán ahora a dar sus frutos en negocios como las apuestas deportivas, que elevan sus ingresos a ritmos de entre el 15% y el 20%.
La potencial colocación está incluida en el pacto de accionistas firmado en abril de 2016 y que agrupa al 97% del capital. La operación, que el grupo consideraría a mediano plazo, podría ser acelerada por un buen comportamiento de los resultados y una mejora del contexto de mercado, aunque las fuentes citadas explican que "difícilmente" se llevará a cabo antes del final de este año.
La medida serviría para, entre otras cosas, aclarar la compleja estructura de capital de Codere. Está liderada por los fondos Silverpoint Capital (23%) y Prudential, y por la familia Martínez Sampedro (16%), que mantiene tres representantes afines en el consejo. Según establece ese pacto de accionistas, una OPV permitiría romper el acuerdo anticipadamente y reorganizar el consejo. La falta de liquidez hace que la acción sufra una volatilidad significativa que no refleja el valor real de la empresa, hasta el punto de que las compraventas ya realizadas entre accionistas se hicieron a precios superiores al de cotización. Una OPV ayudaría a corregir este aspecto y a dar una salida a los fondos que den por completado su recorrido, así como a permitir la entrada de nuevos inversores.
Este año sería de esta forma uno de transición de las medidas tomadas durante el ejercicio pasado tras la llegada del nuevo equipo gestor, liderado por Vicente di Loreto como consejero delegado y Norman Sorensen como presidente tras la salida de los Martínez Sampedro de la gestión de la compañía.
Asimismo, vale recordar que el 20 de noviembre de 2018 Codere suscribió un contrato de liquidez con JB Capital Markets, con el fin de "favorecer la liquidez y regularidad en la cotización de sus acciones". El acuerdo entró en vigor el 11 de diciembre y se extenderá por 12 meses desde la celebración del contrato.
En materia digital, que también incluye la renovación de los procesos internos, Codere invirtió 30 millones de euros en 2018, año en que el grupo desplegó filiales enfocadas en las actividades digitales tanto en Melilla como en Tel Aviv. La firma espera redoblar sus esfuerzos en el próximo ejercicio en esta línea de negocio.
La Ciudad Autónoma de Melilla confirmó el viernes que Codere Apuestas trasladó su sede para implantarse en la ciudad, atraída por la rebaja fiscal contemplada en el Impuesto sobre Actividades del Juego en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, y otras cuatro empresas mostraron su interés en seguir los mismos pasos.
El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, explicó que desde que se dio a conocer esta rebaja del 50% del Impuesto sobre Actividades del Juego para las empresas que se instalen en Ceuta y Melilla, son varias las conversaciones mantenidas con empresas para brindarles información de esas ventajas fiscales.
Conesa aseguró que la radicación de Codere en Melilla “puede constituir un efecto llamada” a otras empresas del sector, ya que es posible que tras el movimiento de esta compañía, el resto se pregunte por qué y muestre interés por seguir los mismos pasos para beneficiarse de las ventajas fiscales que supone operar desde esta ciudad.
Los beneficios también incluyen la decisión de Melilla de reducir del 8 al 0,5% el IPSI que se aplica a los servicios que prestan las empresas de base tecnológica por vía electrónica, con el objetivo de atraer a aquellas que se dedican al juego online que ahora están implantadas en Gibraltar por ser un paraíso fiscal y que, previsiblemente, se trasladarán a otros lugares cuando se haga efectivo el Brexit.
Con este acuerdo, que está próximo a ser aprobado de manera definitiva, en Melilla se reduce “al mínimo que permite la Ley” el impuesto frente al 21% de IVA que estas empresas deben pagar en la península, y aunque hay que resolver cuestiones de encaje legal entre la aplicación del IVA y el IPSI, “las empresas están en la labor de aclarar con la Agencia Tributaria estas cuestiones”.