¿Dónde están los ludópatas?

Proponer un proyecto de ley que regule una actividad económica tan delicada como la explotación de juegos de azar requiere, como cualquier otro rubro de la economía, de un análisis técnico profesional que aporte elementos jurídicos, financieros, sociales y —en este caso del ámbito de la salud— que argumenten con datos ciertos los articulados del proyecto.

Casos como el proyecto De prevención de la ludopatía, presentado ante la Cámara de Diputados del Paraguay, carecen de un enfoque técnico que haga viable el verdadero objeto de la ley. A los proyectistas evidentemente se les pasó la obtención de los elementos arriba citados. En este artículo, no abordaré sobre ellos. Pero sí me detendré en desarrollar que los mismos no se hicieron la siguiente pregunta: ¿dónde están los ludópatas?

El título del artículo no quiere hacer entender la inexistencia de ludópatas en los países donde se opera juegos de azar. Muy por el contrario, pretende manifestar que los que padecen la patología de jugar en forma descontrolada existen y merecen normas adecuadas que les impida actuar contra sus propios intereses económicos y sociales. Por ello, avanzaremos hacia el desarrollo explicativo de la errónea búsqueda de ludópatas en los lugares más controlados.

Para la mayoría de las personas, jugar juegos de azar es una actividad de entretenimiento que proporciona momentos de diversión, espacios de socialización y que genera ilusión por la posibilidad que ofrece de ganar premios. Los juegos de azar han acompañado al ser humano a lo largo de su historia.

Como en cualquier actividad humana, jugar sin medida ni responsabilidad puede llegar a convertirse en un problema con graves consecuencias personales, familiares y económicas para la persona jugadora y, por extensión, para el conjunto de la sociedad. Razón por la cual el Estado debe fomentar la práctica del juego responsable y programas de prevención de la ludopatía que disminuyan los posibles impactos negativos que pueda producir jugar en exceso.

En forma acertada, los países por medio de sus órganos legislativos, en algunos casos, o de sus instituciones reguladoras en otros, han establecido normas que regulan la actividad del Estado y los concesionarios de juegos de juegos de azar. El objetivo es que ambas partes cumplan con ciertos requisitos con los cuales se intenta prevenir el acceso a juegos de azar de personas potencialmente expuestas a la ludopatía.

En Paraguay, en el año 2016 y con el aval del Decreto 3083/2015, la Conajzar aprobó el material Políticas de fomento del juego responsable y prevención de la ludopatía y políticas públicas de responsabilidad social empresarial. En uno de los apartados, se estableció el Código de buenas prácticas de juego responsable y prevención de la ludopatía. Las empresas concesionarias de los distintos juegos de azar se comprometieron voluntariamente a desarrollar el juego explotado de acuerdo a este código.

Las empresas deben cumplir con las buenas prácticas aprobadas por el órgano regulador, pues ello trae beneficio y protección a los apostadores. Además, es imprescindible disfrutar de buena reputación ante los consumidores y usuarios de la actividad y la sociedad en general. En consecuencia, es necesario que las empresas de juegos de azar cumplan con la guía básica denominada Código de buenas prácticas, que puede ser ampliada, mejorada y adecuarse a cada tipo de juego y canal de comercialización.

Cuestiones como las políticas públicas aprobadas por el Poder Ejecutivo y reglamentadas por la Conajzar pueden ser exigidas mediante leyes de cumplimiento obligatorio y general. Sin embargo, cualquier proyecto que busque obtener recursos económicos de la rentabilidad bruta de las empresas, que restrinja el horario de apertura de las salas de juegos o que otorgue facultad de administración de recursos al Ministerio de Salud (función que ha fracasado con la ley del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, por la imposibilidad material de dicha cartera de estado de hacer frente a esta responsabilidad) no tendrá el efecto perseguido en la práctica, y la mayoría de los ludópatas seguirá con su patología por este erróneo enfoque.

Sabido es y regulado está que los concesionarios de juegos de azar deben cumplir con prácticas que impidan el acceso al juego de personas vulnerables. Sin embargo, agregar compromisos económicos sobre la renta bruta y disminuir el horario de explotación del juego será como un castigo al sector formal y legal y aumentará las posibilidades del sector clandestino e ilegal.

No puede desconocerse que el sector clandestino e ilegal ocupa un gran porcentaje del mercado lúdico. Por lo tanto, si el Estado no tiene condiciones para luchar contra la clandestinidad, lo peor que puede hacer es disminuir la capacidad comercial y económica del sector formal. En la medida que las salas y otros juegos disminuyan sus horarios de atención o de explotación se dará vía libre para que los jugadores, y más aún las personas vulnerables, accedan a aquellas casas o juegos clandestinos donde no rigen ninguna de las reglas o buenas prácticas de prevención de la ludopatía.

Las empresas concesionarias u operadores de juegos de azar en Paraguay pagan por la explotación de los juegos concesionados o autorizados montos en conceptos de canon fiscal, que en muchos casos son porcentuales a la facturación neta, y otros pocos aún mantienen el compromiso del canon fijo. Por eso, incorporar un canon, un impuesto o una contribución mas podría modificar las condiciones con las cuales ingresaron al negocio.

No creo que las autoridades deban buscar a los ludópatas en las empresas que explotan juegos de azar ampradas en la ley y en las autorizaciones y/o concesiones otorgadas por el Estado. Muy por el contrario, deben enfocarse en buscar en aquellas casas de apuestas ilegales, donde los jugadores exponen su patrimonio y otras cosas sin ningún tipo de control de los organismos del Estado; en las mansiones existentes en las distintas ciudades del país, donde a groso nivel se realiza todo tipo de apuestas y juegos, y se propicia la realización de todo tipo de vicios anexos a la actividad; en las páginas web clandestinas y sin autorización del Estado, donde con facilidad se apuesta evitando todos los controles y las personas vulnerables tienen acceso sin restricción; en las veredas, calles, asentamientos y otros lugares de acceso y tránsito libre de personas, donde se explotan máquinas tragamonedas sin ningún tipo de control, sin ningún cumplimiento de buenas prácticas de prevención de la ludopatía y sin apego a ninguna norma que regule la actividad, exponiendo a toda hora y en todo tiempo a personas vulnerables, especialmente a menores de edad.

¿Dónde están los ludópatas? Es la pregunta que los legisladores deben hacerse para poder legislar con certeza. Primero, deben comprender el rubro de los juegos de azar con sus debilidades y fortalezas para de esa forma detectar la forma correcta de luchar contra el flagelo de la ludopatía, y según el análisis realizado en este articulo luchar contra la ludopatía es luchar primeramente contra la clandestinidad y la explotación irregular de juegos de azar.

¿Dónde están los ludópatas? Es la pregunta que no se hicieron los legisladores al intentar la aprobación de una ley que aprieta y restringe la capacidad comercial y financiera al sector formal, y abre las puertas para el crecimiento del sector informal o clandestino.

Finalmente, si se quiere intervenir el rubro de los juegos de azar, se debería realizar una gran reforma legislativa como ya se ha intentado en el año 2017. En ese entonces, se presentó un proyecto de ley de más 100 artículos que dotaba al órgano regulador de las facultades necesarias para cumplir con su rol y evitar todos estos males, como la ludopatía, que se pretende solucionar con proyectos aislados y mal encarados.

Preferible es reflotar el proyecto De los juegos de azar y su regulación, presentado por la Conajzar años atrás, y que como proyectista —ratifico— es lo mejor para el rubro.