Javier Balbuena, expresidente de la Comisión Nacional de Juegos (Conajzar) de Paraguay y exdirectivo de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae), lanzó el blog Regulación y negocios de juegos de azar, mediante el cual ofrece al público profesional del rubro comentarios acerca de los avances y la problemática regulatoria en la región iberoamericana.
Nos queda mucho por analizar sobre las diversas regulaciones existentes en la región. Sin embargo, los vagos comentarios que realizo en el blog Regulación y negocios de juegos de azar me han dado alguna pista para poder realizar un resumen del camino que siguen los Estados para poder concretar la aprobación de normas que regulen el juego y actividades vinculadas.
Caminar por andarivel regulatorio no es tarea sencilla, más considerando que las características comerciales, técnicas y jurídicas aún no forman parte del programa académico de las universidades (salvo algunas iniciativas de tecnicaturas) y el hecho de que en esta actividad cada uno va adquiriendo conocimientos y experiencias a medida que se involucra.
A lo largo de los últimos años, he observado mi propia experiencia y la de otros reguladores de la región iberoamericana y me pude percatar de que existen varias formas recorrer el camino regulatorio, algunas más exitosas que otras. Lo que importa es que la mayoría de los órganos reguladores ha iniciado procesos de adaptación de sus normas a las nuevas tendencias regulatorias que dominan el mundo de hoy.
Algunos optan por incorporar normas utilizadas en diferentes jurisdicciones con vagos intentos de diferenciación. Seguir este camino puede resultar muy complicado y generar errores porque cada jurisdicción tiene sus características particulares (civiles, administrativas, tributarias y societarias, etc.). Por eso, adoptar normas foráneas sin la debida adaptación a la realidad local puede generar confusión en los usuarios del sistema regulatorio y entorpecer el desarrollo del rubro.
La revisión de normas comparadas y la elección de un modelo ideal para adaptarlo a la jurisdicción local o los modelos elegidos según las características particulares del mercado sobre el cual va a regir la nueva regulación puede ser un proceso interesante, que bien encarado puede derivar en una norma útil para el desarrollo de los juegos de azar.
Las opciones anteriores sin duda alguna facilitan al regulador la obtención en menor tiempo del borrador a ser analizado. Sin embargo, una opción diferente y utilizada por pocas jurisdicciones es la de iniciar un proceso de redacción de normas desde cero, cuestión que denota la existencia de condiciones técnicas para hacerlo, y cuyo único condicionante sería el excesivo tiempo utilizado para adoptarla como norma oficial.
Algunos optan por realizar cualquiera de los procesos arriba citados en un ambiente de hermetismo institucional, evitando el contacto con el mundo exterior y —por sobre todas las cosas— evitando conocer los diferentes criterios que puedan existir sobre una posición u otra.
Si bien es cierto el regulador puede contar con un buen equipo técnico que ofrezca el mejor de los criterios para la redacción de la norma, probablemente con esta modalidad de puertas cerradas se pierda del criterio comercial.
Otros optan por socializar los borradores de las normas a ser analizadas en diferentes etapas. Este tipo de procesos requieren, independientemente del conocimiento técnico del regulador, de una buena comunicación para optimizar los resultados de la iniciativa democrática.
La actualidad que nos rige exige de los órganos que tienen a su cargo la delicada tarea de reglamentar una actividad tan compleja como los juegos de azar la asunción de criterios, principios y procesos objetivos, transparentares y públicos para la elaboración y aprobación de las diversas reglamentaciones que serán la guía para el ejercicio de la actividad de explotación de algún juego.
Los administrados deben saber, conocer y participar en el proceso de elaboración de las normas, ello no significa que se haga lo que el sector privado quiere como capricho o presión sino más bien generar un proceso de colaboración de conocimientos y experiencias que reditúen en beneficio del rubro y que favorezca la aprobación de normas útiles para todos. Por ello, se debe fomentar la participación democrática en los procesos de elaboración de normas reglamentarias.