España tiene un registro estatal de auto exclusión, y en paralelo, cada comunidad autónoma posee su propio listado. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que los de cada comunidad restringen la capacidad de jugar a aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.
La comunidad autónoma que más ha crecido a lo largo de 2020 es Baleares, que ha visto incrementado en un 56,9% el número de personas auto excluidas respecto a 2019. Le siguen Castilla-La Mancha (23,56) y Murcia (23%), según destaca en su informe Sector de Juego.
Por el contrario, las comunidades autónomas con un menor crecimiento relativo en 2020 son Aragón (6,64%) y Castilla y León (9,76%).
Por provincias, Cuenca es la que experimenta un mayor crecimiento, al pasar de 103 registros en 2019 a 145 en 2020 (40,78%). Le siguen Tarragona (39,63%), Teruel (34,06%), Segovia (28,45%), Ciudad Real (24,76) y Lugo (24,19%).
Las provincias que muestra un menor crecimiento relativo son Sevilla (4,41%), Zaragoza (5,55%), Huelva (5,61%), León (5,63%) y Granada (6,10%).
El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego sólo muestra los datos actuales de las personas que se autoexcluyen del juego online de ámbito estatal, y no existe una conexión –a excepción de Castilla-La Mancha– con los registros de las CC.AA. sobre el juego presencial.
En la práctica supone que una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no puede acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida.
De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no puede acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí puede hacerlo en otra. El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros, como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan.
Gobierno central, Comunidades Autonómicas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla avanzan hacia una coordinación total, en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El pasado mes de septiembre, los gobiernos central y autonómicos alcanzaron un acuerdo para interconectar los registros, con el voto en contra de Cataluña y la abstención de País Vasco y la Comunidad Valenciana.
A efectos de protección, cuando se avance en la interconexión, los registros de interdicciones se comunicarán como una única base de datos. En este trimestre, y tras varios meses de diálogo entre las instituciones, el Ministerio de Consumo presentará el proyecto de interconexión de los registros de autoprohibidos.