Representantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego de Uruguay (Fenaju) se manifestaron en contra del proyecto de ley que busca legalizar y regular el juego online en su país, y alertaron sobre el eventual aumento en la ludopatía que generaría, según ellos, su aprobación.
En su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Uruguay, los representantes cuestionaron la manera en que el Parlamento está tratando dicho proyecto de ley, que en agosto recibió la media sanción de parte de la Cámara de Senadores.
“Estamos preocupados por cómo este Parlamento está tratando este proyecto, es decir, como si fuera la regulación de una actividad económica más. Nos parece que ahí están los errores”, criticó Leonel Revelese, uno de los representantes de Fenaju.
En esa línea, el sindicalista planteó que el rol del Estado en la regulación del juego online debe ser mayor respecto de lo que el texto propone actualmente. Remarcó que el Estado debería tener “un rol protagónico, un rol de administración, de intervención, de fiscalización y también de responsable del juego”.
Además, sugirió que exista una plataforma de juego online estatal a la cual se puedan “enganchar” los operadores privados mediante servidores. “El privado se conecta ahí, pero el Estado tiene el control de a dónde va el dinero, las apuestas, etc. Porque si la idea es que todo el que tenga un casino físico pueda tener uno online, va a haber una competencia feroz en un país chico, y Uruguay está saturado en oferta de juegos”, apuntó.
Por su parte, el representante Juan Arteaga evocó el caso de España, donde afirmó que “la ludopatía se multiplicó por diez gracias al juego online”. Además, acusó la existencia de plataformas “clandestinas” que acceden a Internet mediante la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), la compañía estatal de telecomunicaciones del Uruguay. “Entonces, el juego en sí ha tenido malas regulaciones o no se ha podido abarcar todos los aspectos necesarios”, sostuvo.
Finalmente, Arteaga se refirió también al eventual riesgo del lavado de activos y de los mecanismos que permitirían gravar el juego online. “¿Cómo se va a regular el lavado de activos en el juego online? ¿Dónde va a estar el dinero del jugador? ¿En una billetera electrónica? ¿En una cuenta en otro país? ¿La plataforma misma dónde va a estar instalada?”, se preguntó.
La Comisión de Hacienda integrada por los diputados @tatoviviano (Pte), @Sebandujar, @marticasaspino, @gonzacivila, @DanielDalmao1, @bettianadiazrey, @GonzaloMujica17, @APerrone510, @IvanPosada33, Gonzalo Secco y @SValdomir609 continuó con el tratamiento de las normas de Juegos pic.twitter.com/xsEWLBYKxw
— 𝑫𝒊𝒑𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔𝑼𝒀 (@DiputadosUY) October 12, 2022
El texto establece en su artículo 2 que la autorización para que los operadores, tanto públicos como privados, exploten el juego online “estará condicionada” a que estos cuenten “con un establecimiento presencial operativo y habilitado para el juego presencial” y que “se cumplan los requisitos que establezca la reglamentación y los dispuestos en el contrato de concesión”.
El proyecto también establece que “quienes en el futuro adquieran la calidad de concesionarios de juegos de casinos en la modalidad presencial podrán acceder a una autorización de explotación de dichos juegos bajo la modalidad online, en forma previa a la inversión, aunque no podrán iniciar la modalidad online hasta que se verifique la inversión aprobada e inicie la explotación del juego presencial”.