La Secretaría de Gobernación de México presentó un proyecto para prohibir las máquinas tragamonedas

La Secretaría de Gobernación (Segob) de México publicó el jueves 7 de septiembre un anteproyecto de decreto en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) con el que apunta a prohibir las apuestas o sorteos en máquinas electrónicas como tragamonedas, simuladores de bingo o cartas, entre otras.

“El proyecto elimina el Título Cuarto, Capítulo VII De los Sorteos de Números o Símbolos a través de Máquinas, definido como: ‘Actividad en la que el participante, a través de un artefacto o dispositivo de cualquier naturaleza, sujeto al azar, realiza una apuesta, mediante la inserción de un billete, moneda, ficha o cualquier dispositivo electrónico de pago u objeto similar, con la finalidad de obtener un premio’”, describe el proyecto enviado a la Conamer.

La reforma que pretende implementar la Segob no será retroactiva. Es decir, los 444 casinos que operan actualmente en el país podrán mantener sus máquinas, pero sólo durante la vigencia de sus permisos.

Los permisos vigentes incluyen 408 casinos adicionales que no operan y, si se pretende abrirlos, ya no podrán tener “máquinas de sorteos”, misma restricción que aplicará para prórrogas de permisos o nuevas autorizaciones.

Para justificar la medida, el Gobierno argumenta que esas máquinas no están permitidas por la de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (que sólo autoriza el dominó, ajedrez, damas, bolos, billar, dados, boliche y sorteos) y que el Congreso no ha hecho cambios a la ley desde 1947. Sin embargo, las tragamonedas habían sido legalizadas durante la administración del expresidente Felipe Calderón y avaladas en 2016 por decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia.

“El Estado mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, evitando los efectos potencialmente dañinos del juego con apuesta y azar que puedan impactar en la niñez, la adolescencia, la juventud del país y sus adultos mayores, así como el daño que se llegue a generar a las personas con discapacidad mental o psicosocial o aquellos que sufren alguna enfermedad o adicción, como lo es la ludopatía o el trastorno del juego”, añade el proyecto.

La iniciativa también busca eliminar la figura de “operador” dentro de la industria de apuestas y sorteos, con la cual los permisionarios o empresas podían adquirir una máquina de juegos a través de un tercero.

Según la Segob, esta última figura carecía de control ante la propia autoridad, pues los proveedores de estos aparatos terminaban teniendo una relación directa con sus contratistas pasando a ser “sub-permisionarios”.

Respuesta de la industria

La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA) advirtió que dicha reforma podría tener un impacto de hasta 90% en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se cobra en juegos y sorteos.

Además de una caída en ingresos tributarios, los nuevos lineamientos de la Segob podrían provocar el cierre masivo de salas de juegos y desempleo dentro del mercado de casinos, salas de juegos y apuestas, señalaron.

Miguel Ángel Ochoa, presidente de AIEJA

De acuerdo con datos de esta entidad, la industria del juego con apuestas genera alrededor de 50.000 empleos directos y cerca de 120.000 indirectos, informó el medio local El Sol de México.

Por su parte, la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos, encabezada por Alfonso Pérez Lizaur, expuso que de aprobarse el anteproyecto, la industria de las apuestas podría equipararse a “ver televisión en blanco y negro”.

“La participación de los jugadores en las salas de juego disminuiría drásticamente, en función de que la oferta de entretenimiento se vería gravemente afectada. Se perderían miles de fuentes de empleos directos e indirectos, así como grandes cantidades de aportaciones al erario y entidades federativas”, comentaron.

Sin embargo, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informan que en los últimos cuatro años el IEPS de juegos y sorteos representó menos del 1% de todos los ingresos registrados por este impuesto.

“La prohibición de la Segob no es porque haya evasión fiscal de los permisionarios, ya sea de IVA o ISR, simplemente va en el sentido de hacer cumplir la normativa vigente y que no haya más de las figuras autorizadas para operar en juegos de apuestas”, explicó Juvenal Lobato Díaz, especialista en derecho fiscal.

Agregó que en caso de prohibirse la instalación de máquinas electrónicas, la mayor afectación sería para las contribuciones locales, ya que la legislación actual obliga a los permisionarios o casinos a pagar un impuesto por la instalación y eventual operación de estos centros.