Presentaron dos enmiendas para reformar la ley de juego de la Comunidad Valenciana y permitir la apertura de nuevos salones

Los grupos parlamentarios del PP y Vox presentaron dos enmiendas conjuntas en las Cortes Valencianas, el órgano legislativo de la Generalitat Valenciana, para eliminar y reducir algunas restricciones, moratorias y prohibiciones para la renovación de salones y máquinas tragamonedas contempladas en la Ley de Regulación del Juego en la Comunidad Valenciana, aprobada en 2020 por el anterior gobierno.

De aprobarse estas reformas, como se prevé por la mayoría parlamentaria de ambas formaciones, la Generalitat podrá autorizar la instalación de nuevos salones de juego, así como renovar aquellas licencias a locales pese a que estos se encuentren a menos de 850 metros de un centro educativo y además podrán situarse en “espacios vulnerables”, contrariamente a lo que dicta la actual ley.

A su vez, estos establecimientos y los bingos no tendrán que estar separados un mínimo de 500 metros de distancia entre ellos, otra de las modificaciones incluidas en la primera enmienda a la disposición transitoria segunda de la ley.

La segunda enmienda dice: “Por un periodo máximo de cinco años se establece la suspensión de nuevas autorizaciones de establecimientos de juegos, excluidos a los que se refieren las letras d) y f) del apartado tercero del artículo 45 de esta ley”. Es decir, que se permiten las autorizaciones de los “salones recreativos” (letra d) y de “otros locales habilitados para la instalación de máquinas de juego” (letra f). Se continúa con la suspensión de cinco años desde la entrada en vigor de la ley de nuevas autorizaciones de explotación de “máquinas de tipo b o recreativas con premio”.

“Son dos medidas que nos parecen justas”, indicó al periódico El País Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, la asociación empresarial que representa mayoritariamente al sector privado en España, en relación con las enmiendas de los partidos que conforman el actual Consell, presidido por el popular Carlos Mazón.

Alejandro Landaluce

Según la industria del juego española, esto permitirá modificar una ley “muy restrictiva” que pone coto al juego privado en los locales y que fue recurrida por varias asociaciones del sector. En esta línea, Landaluce recordó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha cuestionado la norma y ha elevado una consulta al Tribunal de Justicia Europeo sobre si las restricciones de distancia y ubicación incluidas son compatibles con la legislación europea, en sus tratados sobre la libertad de empresas.

El director de Cejuego también aseguró que desde que se promulgó la ley en 2020 se cerraron 42 salones de juego en la Comunidad Valenciana y estimó que la indemnización a las empresas ante una sentencia favorable se elevaría a unos EUR 350 millones. En este sentido, las enmiendas del PP y Vox a la ley “más restrictiva” de España son “un reconocimiento a una realidad”, afirmó.

Por su parte, Nuria Ciscar, la diputada autonómica del PP que está llevando la tramitación del proyecto de Ley de Medidas Fiscales, junto con Juan Zaplana, explicó que las enmiendas se han confeccionado después de reunirse con “asociaciones del sector y con los trabajadores” y tras el pronunciamiento del TSJ.

“La normativa es excesivamente restrictiva y aboca al sector a numerosos despidos o al cierre. La ley ya tiene suficientes controles, como dice el propio TSJ. Además, la Administración debería indemnizar a las empresas con toda probabilidad. La protección del menor y de la salud es una prioridad, pero creemos que está garantizada por las medidas de control”, sostuvo.