El senador del Partido Nacional uruguayo, Sergio Botana, presentó un proyecto de ley para regular la actividad de las máquinas tragamonedas en el país. Según el legislador, la actividad será “inevitable”, por lo que propone regularla con el fin de controlarla y, de esta forma, evitar cualquier tipo de ilícitos.
La iniciativa ingresó el martes (21) pasado a la Comisión de Hacienda del Senado y sería tratada durante las próximas semanas, antes que finalice el año.
La ley busca autorizar la explotación comercial de las tragamonedas, permitiendo su instalación en “locales comerciales habilitados, cuyo giro principal sea cantinas, pubs, salones, bares, restaurantes, hoteles hasta tres estrellas y similares”, con un máximo de hasta 25 máquinas por cada comercio.
La cantidad de máquinas permitidas por operador variará en función de la antigüedad, el monto de la garantía, el precio del permiso en relación a la cantidad de máquinas solicitadas, entre otras variables.
Senador Sergio Botana
A nivel tributario, el proyecto planta un gravamen único del 15% sobre la ganancia de cada máquina. De ese impuesto, el 12% será para un Fondo de Fomento Municipal (cuya creación se establece en el mismo texto), encargado de habilitar los locales y fiscalizar la actividad; 1% para el funcionamiento de la cámara, 1% para la tarea del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y 1% para el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Según se estima, existen entre 40.000 y 50.000 máquinas tragamonedas en Uruguay, sin ninguna regulación para su actividad, lo que ha generado cierta polémica entre diversos actores del sector.
Por un lado, la Dirección General de Casinos (DGC) afirma que la operativa es ilegal, mientras que los dueños de las máquinas, nucleados en la Cámara Uruguaya de Entretenimientos (CUDE), defienden lo contrario.
Varias iniciativas buscaron regular esta actividad a lo largo de los años, pero nunca se logró avanzar hacia una reglamentación concreta. Según Botana, “la falta de éxito se debió a que esos proyectos tenían “un encare de promoción” de la actividad, mientras que este busca “limitar, regular, controlar y evitar todo riesgo”.