El presidente de Ecuador propone un referéndum para permitir la reapertura de casinos y casas de apuestas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó ante la Corte Constitucional de dicho país una propuesta de referéndum en el que plantea, entre otros puntos, volver a permitir la apertura y funcionamiento de casinos, casas de apuestas y salas de juegos de azar presenciales.

La propuesta forma parte de un paquete de 11 preguntas que deberán ser tramitadas por el tribunal constitucional ecuatoriano para, eventualmente, ser votadas por los ciudadanos. Entre las consultas presentadas, la pregunta 11 plantea lo siguiente:

“¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?”.

Cabe señalar que la prohibición y eliminación de las salas de juegos de azar presenciales fue impulsada por el otrora presidente Rafael Correa, quien consiguió dicha medida también mediante una consulta popular realizada el 7 de mayo de 2011.

En ese momento, el exmandatario aseguró que el objetivo de eliminar los casinos era crear “un ambiente más sano” para los jóvenes y evitar que, por “el vicio del juego”, los padres de familia pierdan ingresos económicos.

En dicho contexto, el funcionamiento de casinos, salas de juego o casas de apuesta en Ecuador fue tipificado como un delito en el Código Penal, aprobado en octubre de 2013. De acuerdo a este, las personas que administren este tipo de negocios pueden enfrentar una pena privativa de libertad de uno a tres años, además de una multa de 100 a 150 salarios básicos.

Trámite del referéndum

De acuerdo a las normas ecuatorianas, la propuesta de referéndum deberá ser tramitada por la Corte Constitucional, que deberá definir si las cuestiones planteadas pueden ser decididas mediante la vía de democracia directa o si es necesaria una reforma a la Carta Magna.

Para dicho análisis y la emisión de un dictamen, el tribunal tiene un plazo de 20 días. En caso de ser necesaria alguna enmienda, el Ejecutivo podrá presentar una nueva propuesta.

En caso de ser aprobada la propuesta, el presidente emitirá un decreto ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral tendrá un plazo de 60 días para poner en marcha el proceso electoral. Según cálculos de medios ecuatorianos, de no haber trabas importantes, la consulta popular se realizaría a finales de marzo.