Acusan perjuicio económico

La Polla Chilena de Beneficencia demandó a cinco proveedores de internet por no bloquear sitios de juego y apuestas online

Palacio de Justicia de Santiago de Chile.
01-05-2024
Tiempo de lectura 1:16 min

La Polla Chilena de Beneficencia, empresa pública de juegos de azar, presentó demandas en contra de las compañías proveedoras de internet Entel, Telefónica, WOM, GTD Manquehue y ClaroVTR por no haber bloqueado los sitios web de las plataformas de juego y apuestas deportivas online que operan en Chile.

De acuerdo a la acusación, a la cual accedió el medio La Segunda, las casas de apuestas online que operan actualmente habrían ocasionado “un perjuicio patrimonial de al menos USD 200 millones en los últimos dos años”.

En ese contexto, la Polla Chilena recordó que, en septiembre de 2023, la Tercera Sala de la Corte Suprema emitió un fallo judicial que ordenó al proveedor de internet Mundo Pacífico el bloqueo de más de 20 plataformas de iGaming.

Sin embargo, en su denuncia, el representante legal de la Polla acusó que las casas de apuestas online “sólo cambiaron sus direcciones web con una letra de más, un número o un símbolo con la clara intención de llevar a cabo un fraude de ley y seguir funcionando”.

A partir de ello, desde la empresa pública de juegos de azar señalaron que existiría un daño emergente, por un perjuicio económico total de CLP 37.469 millones; lucro cesante, por CLP 5.620 millones; y daño moral, por CLP 2.000 millones.

Los hechos descritos en este libelo constituyen sin duda alguna una conducta omisiva ilícita al no desconectar, bloquear y/o restringir las plataformas y sitios que promueven y ponen a disposición del público dentro del territorio nacional, servicios ilegales”, se lee en la demanda contra la empresa WOM.

Cabe señalar que, en octubre de 2023, el Ministerio Público archivó las querellas interpuestas por los casinos presenciales y la Polla Chilena de Beneficencia en contra de las casas de apuestas online, “al no existir pruebas suficientes para formular cargos por la comisión de un delito penal” tras “una serie de diligencias que se extendieron por casi dos años”.

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