Luego de que el Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, presentara un nuevo proyecto de reforma fiscal para aplicar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los juegos de azar, las bancas de loterías y deportivas y expertos han lanzado su voz de rechazo y alerta por las consecuencias que la medida traería.
El proyecto busca incrementar los recaudos en más de DOP 122.000 millones (más de USD 2.022 millones) elevando la retención máxima sobre las ganancias de los juegos de azar del 25% al 27%. También prevé traspasar el 16% del ISC a las bancas de loterías y deportivas, así como eliminar la exoneración para la importación de máquinas y dispositivos relacionados.
Ante la iniciativa, representantes de los gremios de operadores expusieron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y explicaron que aplicar el ISC al sector es inviable dado que, de aprobarse, prepararía "un cementerio para sepultar las miles de bancas" que operan en el territorio nacional, informó el diario Hoy.
En la exposición, estimaron que actualmente el Estado dominicano deja de recibir entre DOP 4.000 millones (USD 66,3 millones) y 5.000 millones (USD 82,9 millones) debido a que el 50% de los juegos de azar están en el sector informal y no pagan los tributos.
Antonio de Jesús y José Castillo, presidente y asesor de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, respectivamente, definieron el ISC como inaplicable y citaron un informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según el cual, entre enero y marzo de 2020 la recaudación a las bancas de loterías y deportivas cayó un 15.6% con relación a igual período de 2019, al pasar de DOP 328.9 millones (USD 5,4 millones) a DOP 277.7 millones (USD 4,6 millones).
Reunión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados
En ese sentido, los líderes gremiales analizaron como contraproducente el hecho de que hace tan solo nueve años se aplicó una indexación anual al pago de permisos de operación de las bancas de loterías y, en lugar de aumentar la recaudación, esta disminuyó. Para ellos, esto se debe al desorden y corrupción de administraciones pasadas, que contribuyó a “destruir" el sector.
Por su parte, Jefry Espinal, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Bancas de Deportivas, indicó que considera inviable transmitir el impuesto ISC a los clientes y advirtió que el gravamen podría tener el efecto contrario a lo que se propone el Gobierno.
En esta línea, subrayó que la informalidad en el sector llega a un 50%, pero si el Gobierno insiste en aplicar el ISC llegaría hasta el 75%, por lo que surtirá el efecto contrario.
Además, sugirió al Ejecutivo que se fundamente en la Ley 139-11 que regula el sector y cuya aplicación estricta podría duplicar las expectativas en cuanto a recaudaciones por esa vía. Según Espinal, dicha Ley establece que todas las bancas deportivas y las máquinas tragamonedas estén interconectadas mediante un sistema, lo cual permitiría que el Estado pueda recaudar el monto que se propone en el proyecto de Modernización Fiscal.
Finalmente, explicó que las bancas deportivas aportan anualmente al fisco DOP 1.500 millones (USD 24,9 millones) al año, y genera alrededor de 200.000 empleos.
Otra de las voces que manifestó su rechazo fue la de Laritza Ferreiras Fernández, abogada especializada en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos, quien aseguró que la imposición de la medida generaría no solo una reducción de la rentabilidad del sector, sino además un fomento de la ilegalidad.
“Aunque un incremento en los impuestos podría ofrecer un beneficio fiscal inmediato al Estado, también puede resultar contraproducente al reducir la rentabilidad del sector y fomentar la informalidad o actividades ilegales”, sostuvo Ferreiras en declaraciones al periódico El Dinero.
De acuerdo a datos preliminares de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, hasta junio de 2022, existían más de 71.000 bancas operando en el país. Ahora bien, durante los primeros cinco meses de 2024, los impuestos recaudados por el Estado en este sector mostraron un incremento del 12,5% respecto al mismo período del año anterior.
En ese sentido, Ferreiras señaló que el aumento también tendría un impacto en los márgenes de ganancia de los operadores y que mientras los más grandes podrían asumir el costo adicional, los más pequeños no y tendrían serias dificultades para seguir operando.
“Es crucial que las autoridades evalúen cuidadosamente las consecuencias colaterales del aumento impositivo sobre la competitividad del sector y su relación con la economía informal. Un incremento sin una estrategia para fortalecer la regulación puede incentivar la competencia desleal”, alertó.
A su vez, la experta precisó que la ilegalidad podría multiplicarse, pues los operadores que evaden impuestos tendrían ventajas. Esto podría en riesgo el equilibrio económico del sector y las acciones realizadas para prevenir delitos financieros como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Por eso, indicó que lo más adecuado sería realizar mayor control fiscal para promover transparencia y mejores prácticas, lo que finalmente contribuiría a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
“Si el sector que se encuentre legal percibe que la informalidad o la ilegalidad son toleradas o no perseguidas con suficiente rigor, podría haber un desincentivo para cumplir con las normativas fiscales”, finalizó la experta.