La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha recibido tres demandas por presuntas irregularidades en la extensión del contrato de la lotería electrónica, que incluye los juegos Lotto y Pega 3, de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).
Según informó el Panamá América, las tres demandas fueron presentadas por los abogados Pedro Meilán, Ramón Jaén y la firma Alemán Cordero, Galindo y Lee.
Meilán detalló que existieron cuatro violaciones al contrato. La primera es la extensión de la vigencia del contrato a 10 años, la segunda es que altera y modifica el objeto del contrato, la tercera es que altera y modifica las obligaciones del contratista y la cuarta aumenta los porcentajes y exonera del impuesto.
“No puedes prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y que no establece en su normativa que puede ser prorrogable. La única forma de hacerlo es logrando ciertos requisitos especiales que no se cumplieron aquí, y el monto a prorrogar en el contrato debe ser menor al monto actual”, indicó el abogado.
“Esto se da única y exclusivamente para evitar un nuevo proceso de licitación pública, lo cual es totalmente contrario a la ley, porque todos los actos estatales deben ir a licitación pública. Ellos crearon esta adenda número cinco e incluyeron ciertas cosas para tratar de prorrogar el contrato”, añadió.
Por otro lado, Meilán explicó que se alteró el objeto del contrato creando nuevos juegos, nuevos mecanismos y actuaciones que requieren tecnología y estructura. El contrato inicial tenía 29 obligaciones y esta nueva adenda tiene 44, lo que demuestra que es un contrato totalmente distinto.
El experto también puso el foco en el tema de los impuestos. El contrato inicial tenía un porcentaje del 16,05% de ganancia para la empresa, del cual un 7% pertenecía al Estado como impuesto de transferencia de bienes muebles (ITBMS). Esta adenda cinco aumenta el porcentaje de ganancia al 15% y exonera el 7% de impuesto a la empresa. Esto quiere decir que aumenta el porcentaje y elimina un impuesto, lo cual solo puede hacerse a través de una ley.
Asimismo, de acuerdo a Meilán, el contrato debía tener una fianza hasta 2025, pero se refrendó sin cubrir la totalidad del tiempo del contrato. “La Contraloría General de la República participó en esto, y no sé cuándo termina este periodo, pero creo que el contralor tiene muchas cosas que responder”, sostuvo.
Cabe recordar que el presidente de Panamá, José Rául Mulino, había informado la intención de ponerle fin a la lotería electrónica. Sin embargo, estas demandas aún no resueltas impiden avanzar con el cierre de esta modalidad de juego.