Brasil: El Ministerio de Hacienda pide un nuevo bloqueo de más de 1.800 plataformas de apuestas ilegales

El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), ha enviado a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) una nueva lista de más de 1.800 sitios de apuestas ilegales para bloquear. Se trata del tercer lote de dominios enviado por la agencia desde el inicio de la ofensiva contra las plataformas que operan ilegalmente en Brasil. 

La primera lista, publicada el 11 de octubre, incluía 2.040 sitios, mientras que la segunda, del 31 de octubre, mostraba más de 1.400. En total, más de 5.200 sitios fueron bloqueados en menos de 40 días, incluyendo ajustes y correcciones.

La orden de bloqueo se envió a unas 20.000 empresas de telecomunicaciones que proporcionan señal de internet en el país. Los operadores deben aplicar las medidas técnicas necesarias, mientras Anatel supervisa el proceso para garantizar la eficacia y la rapidez de ejecución.

El bloqueo de sitios web es una de las acciones del gobierno federal para frenar las apuestas ilegales. El esfuerzo también incluye restricciones a la publicidad de plataformas no autorizadas -incluidas las promovidas por influenciadores digitales- y al uso del sistema financiero nacional por parte de estas empresas.

Solo podrán operar hasta finales de 2024 las empresas que hayan solicitado autorización a la SPA antes del 17 de septiembre o que hayan obtenido una licencia de los reguladores estatales o de distrito. La lista actualizada de apuestas autorizadas a operar durante este periodo puede consultarse aquí.

Supervisión y legislación

Antes de diciembre de este año, el Ministerio de Hacienda deberá finalizar el análisis de las solicitudes de autorización recibidas para determinar qué empresas han cumplido todos los requisitos legales y tienen derecho a una licencia federal.

A partir del 1 de enero de 2025, sólo las que hayan obtenido la licencia podrán operar apuestas en territorio nacional. Las empresas en activo hasta diciembre pasarán por un periodo de prueba, en el que se evaluará si cumplen leyes como el Código de Defensa del Consumidor y el Estatuto del Niño y del Adolescente.