Puerto Rico: Piden que el Hipódromo Camarero duplique su aporte al programa de jugadores compulsivos

José Aponte Hernández, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, anunció que remitirá un proyecto para llevar el aporte que realiza el Hipódromo Camarero al Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de USD 250.000 a USD 500.000 anuales. La iniciativa será presentada en la próxima asamblea legislativa y busca enmendar la Ley 74 del 6 de abril de 2006.

Según informó el representante, el sector de apuestas deportivas generó USD 186 millones en 2023, lo que se sumó a las ganancias del operador, en este caso, el Hipódromo Camarero, sin transferir mayores aportaciones al mencionado programa.

“De acuerdo con múltiples estudios, en Puerto Rico existen alrededor de 55.000 ciudadanos con adicción a los juegos de azar. Para combatir este terrible mal social que tanto sufrimiento le causa a las familias, se implementó la Ley 74 de 2006 y en la misiva se estipuló que la empresa que administra la jugada del pool en las carreras de caballos tendrá que desembolsar USD 250.000 anuales para el PAJC. Recordemos que en ese momento no existían las apuestas sobre deporte. Ahora sí, y el hipódromo tiene licencia para terminales de estas apuestas en agencias hípicas, así como sus propias facilidades”, explicó Aponte Hernández.

José Aponte Fernández

A su vez, solicitó a la gerencia del Hipódromo Camarero Race Track que pague la deuda que tiene con el PAJC, la cual asciende a USD 2,5 millones, y señaló que se presentará otra enmienda para sancionar al establecimiento si incumple con este pago anual.

“En la primera infracción, la multa sería de hasta el 20% de la cuantía a pagar, en la segunda violación conlleva la suspensión temporera de la licencia para los sistemas de apuestas deportivas y, en la tercera violación, conllevaría la cancelación permanente”, detalló.

Finalmente, el legislador destacó que la adicción al juego es “un asunto de salud que se tiene que atender” y que considera “inaceptable que el Hipódromo Camarero rehúya a su responsabilidad, establecida bajo la Ley 74, de pagar al programa”.

En esta línea, adelantó que “esto se va a terminar en 2025, cuando, armados con este proyecto de ley, se les imponga sanciones reales y concretas ante cada incumplimiento”.