El diputado chileno Andrés Celis Montt envió un oficio al Ministerio de Hacienda en el que exigió la remoción de Vivien Villagrán del cargo de superintendenta de Casinos de Juego, por supuestas ineficiencias en su rol fiscalizador respecto a Personas Expuestas Políticamente (PEP).
El pedido de Celis se da en el marco del caso de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, quien está acusado de usar más de CLP 847 millones de fondos públicos en gastos reservados que, de acuerdo a investigaciones, habría gastado en casinos.
El diputado, quien es querellante en dicho caso, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los registros de PEP en cinco casinos entre 2015 y 2024. Sin embargo, cuestionó que esta institución, en su respuesta, reconociera que estos recintos no están obligados a reportar todas las transacciones, sino solo las sospechosas.
El diputado Andrés Celis
“La UAF admitió que los casinos no tienen la obligación de reportar a todas las personas expuestas políticamente, sino solo en casos de operaciones sospechosas. Esto es inaceptable, porque un alto funcionario podría haber usado fondos públicos en el casino sin que nadie lo advirtiera”, cuestionó el diputado.
En este contexto, Celis criticó la falta de fiscalización por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), institución que, en una respuesta previa, “reconoció un bajo número de fiscalizaciones en los últimos años”, lo que “confirma una inaceptable falta de diligencia”.
“El oficio de la superintendencia confirma lo que hemos venido denunciando hace tiempo: una inoperancia absoluta en su rol de fiscalización. Es inaceptable que un organismo encargado de velar por la transparencia y el buen funcionamiento de la industria del juego haya realizado tan pocas fiscalizaciones”, advirtió.
Por estas razones, exigió al Ministerio de Hacienda iniciar el proceso de remoción de Villagrán Acuña y adoptar medidas para fortalecer la fiscalización del sector. “La superintendenta debe dar un paso al costado, y el Ministerio de Hacienda tiene que asumir su rol y actuar. La inoperancia no puede ser la norma en un organismo de esta importancia”, remarcó.
La Superintendencia confirma su inoperancia absoluta: no hay fiscalización real sobre las Personas Expuestas Políticamente. Es inaceptable que un subsecretario pueda manejar gastos reservados sin control. Solicito la remoción de la Superintendenta y que Hacienda actúe ahora. pic.twitter.com/fUvZhjv4pw
— Andrés Celis Montt (@ANDRESCELISM) February 7, 2025
Celis Montt sostuvo que tanto la UAF como la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) dependen del Ministerio de Hacienda y que, por ello, esta cartera debe responder por las falencias en la fiscalización.
“Aquí hay responsabilidades políticas y administrativas que deben ser aclaradas. No puede ser que un subsecretario maneje gastos reservados, existan indicios de que los usó en casinos, y que el Estado no tenga las herramientas para detectarlo”, comentó.
En su escrito, el diputado también solicitó que se revisen los mecanismos de control y coordinación entre la UAF y la SCJ, con el objetivo de determinar si se requieren ajustes legales para corregir las brechas detectadas.