La diputada Zulmma Guerrero, del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentó una iniciativa con el propósito de tipificar el delito de “operación de juegos de azar no autorizados” en este estado mexicano y, de esta forma, combatir el crecimiento de los mini casinos y máquinas tragamonedas en establecimientos comerciales de barrios y sectores populares.
Según informaron medios locales, el proyecto presentado en el Congreso de Coahuila busca agregar el artículo 338 BIS al Código Penal del estado para establecer sanciones claras a quienes fabriquen, comercialicen, almacenen, instalen, posean o exploten máquinas tragamonedas o minicasinos.
La iniciativa de Guerrero plantea penas de prisión de dos a cuatro años y multas de entre 3.000 y 5.000 días por la violación de estas disposiciones.
A su vez, considera como “máquinas tragamonedas o minicasinos” a cualquier dispositivo, ya sea mecánico, electromecánico, electrónico, digital o de cualquier otra naturaleza, que permita a los usuarios ganar premios en efectivo, bienes, servicios o cualquier otro beneficio económico, dependiendo del azar o de un algoritmo programado. Esto incluye aquellos que operen de manera autónoma o estén conectados a una red local o remota, como los que utilizan software de simulación de apuestas.
Diputada Zulmma Guerrero
Durante su exposición, Guerrero informó que, a nivel nacional, la Ley Federal de Juegos y Sorteos ya prohíbe la operación de estas máquinas fuera los casinos y salas de juego con autorización. También recordó que, en 2012, la Constitución local fue reformada para prohibir los usos de suelo destinados a casinos, centros de apuestas y salas de sorteos como medida para contribuir a la seguridad y el bienestar de las familias de Coahuila.
“Estos dispositivos están diseñados para generar una adicción progresiva, afectando la salud mental de quienes caen en esta práctica. No solo es un problema económico, sino también de salud pública, ya que la ludopatía puede derivar en ansiedad, depresión e incluso desintegración familiar”, advirtió la legisladora.
A su vez, subrayó que afecta especialmente a menores de edad y amas de casa “que ven en el azar una oportunidad de mejorar su situación económica”, además de promover actividades clandestinas de apuestas en espacios comunitarios.
De acuerdo a los datos proporcionados por la diputada Guerrero, la operación de máquinas tragamonedas ilegales en México genera ingresos aproximados de MXN 600 millones semanales, lo que equivale a más de ARS 31.000 millones anuales.
“Al operar en la clandestinidad y fuera del control del Estado, estos dispositivos se convierten en un foco de financiamiento para actividades ilícitas como el narcotráfico y el lavado de dinero, fortaleciendo redes delictivas que afectan la seguridad y estabilidad social”, indicó la legisladora.