El pleno del Congreso de los Diputados de España debatirá este jueves el dictamen que crea la Agencia Estatal de Salud y que reintroduce una serie de límites y restricciones a la publicidad de las apuestas online que aparecían en el Real Decreto 958/2020, y que fueron tumbados por el Tribunal Supremo en una sentencia.
El dictamen a discutir fue aprobado por la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y es impulsado por el Ejecutivo español, en específico por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), ente regulador del sector online.
La iniciativa legislativa plantea que la publicidad de juegos y apuestas deportivas online pueda difundirse solamente mediante servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma, redes sociales, en acontecimientos deportivos, en carteles publicitarios ubicados en dichos eventos.
Asimismo, los operadores no podrán enviar publicidades ni por correo electrónico ni por correo postal sin la previa autorización del destinatario. Además, los anuncios virtuales sólo serán posibles en sitios web o aplicaciones de plataformas de iGaming o medios de comunicación que sirvan de soporte.
En los motores de búsqueda, sólo podrán aparecer las publicidades producto del posicionamiento orgánico o en casos en que sean efecto de un acuerdo comercial entre el anunciante y el titular del mismo; supeditado a que coincidan con palabras clave o frases conectadas directamente.
A su vez, los sitios web o aplicaciones cuya actividad sea el juego online, o que ofrezcan cobertura de eventos deportivos o hípicos, también podrán albergar este tipo de publicidad, a condición de contar con mecanismos que impidan el acceso de menores, y que las difundan en una sección específica con mensajes sobre “juego seguro”.
El dictamen también propone que los operadores online no puedan recurrir a promociones y descuentos para captar nuevos clientes. Estas sólo podrán dirigirse a clientes con una cuenta abierta de al menos 30 días y cuyos perfiles hayan sido verificados documentalmente.
Por otro lado, y a partir de una modificación planteada por el PSOE y Sumar, se busca prohibir la aparición de personas o personajes reales o ficticios de notoriedad en las publicidades. Tampoco podrían hacer lo propio los narradores de retransmisiones en directo de eventos deportivos ni presentadores de televisión o radio.