España: El Gobierno impulsa un proyecto para proteger a los menores de edad en los entornos digitales

El Gobierno español aprobó, en Consejo de Ministros, un proyecto de ley orgánica que tiene como objetivo proteger a los menores de edad en los entornos digitales. El texto, que ha sido remitido a las Cortes para su discusión, propone regular el acceso a las cajas botín o loot boxes en los videojuegos.

En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que la norma responde a un compromiso del presidente Pedro Sánchez y busca dar respuesta “a la alta preocupación de las familias sobre los riesgos digitales para los menores”.

A partir de ello, explicó que se plantea regular “de manera exhaustiva el acceso y la activación de los denominados ‘mecanismos aleatorios de recompensa’ —también llamados loot boxes— presentes en algunos videojuegos y plataformas, un punto que se ha trabajado de la mano de la Comisión Europea”.

Al sustentar el proyecto, señaló que, si bien “los avances tecnológicos, las redes sociales y el acceso a Internet son indispensables en la sociedad actual”, dichas herramientas también “entrañan unos riesgos que, en el caso concreto de los menores de edad, son especialmente peligrosos”.

La norma, añadió, recoge la obligación para los fabricantes de terminales móviles de que estos dispongan de sistemas de control parental que sean efectivos, gratuitos y accesibles.

En el ámbito educativo, el texto apunta al fomento de las competencias digitales y a la obligación de que los centros educativos regulen expresamente el uso de los dispositivos móviles y digitales, tanto en las aulas como en las actividades extraescolares, de acuerdo con las normativas autonómicas que ya existen o que tendrán que aprobarse.

En el terreno sanitario, se obliga a las administraciones competentes a elaborar guías y programas de promoción de la salud, con énfasis en la prevención de los comportamientos adictivos que pueden generar las redes sociales.

Por su parte, la ministra de Educación y también portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, subrayó que este proyecto de ley sitúa a España “en una posición pionera para dar respuesta y certidumbre sobre un tema de especial interés social y familiar”.

El texto, que ahora inicia su trámite parlamentario, fue elaborado tras un proceso de análisis que incluyó 23 informes de diferentes organismos, entre los que se encuentran el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Europea.