Paraguay: el presidente de la Conajzar aseguró que no es es testaferro del senador Salomón

La titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén) e integrante de la Conajzar, Carmen Alonso; y la asesora jurídica de la Conajzar, María Galván; acompañaron a Ortiz Báez a la redacción de ABC. 

Los principales cuestionamientos que enfrenta Ortiz Báez giran en torno a la concesión de la quiniela y al contrato firmado con iCrop. El funcionario explicó que las empresas participantes en la licitación de la quiniela presentaron el certificado de cumplimiento tributario, documento emitido por la Subsecretaría de Tributaciones (SET). "Si a mí me dice la SET que está al día, cómo voy a dudar. Es como que desconfíe de un certificado de antecedentes que emite la Policía", alegó.

En cuanto a la reducción del canon, Alonso afirmó por su parte que se trata de una medida temporal y a pedido de las concesionarias, que durante la pandemia no registraban ingresos y por ende, estaban sin recursos para cumplir con las obligaciones. "Necesitamos que las firmas no quiebren", dijo.

Con respecto al contrato firmado con iCrop, Ortiz Báez aseguró que es una oportunidad para  formalizar la explotación de tragamonedas en bares, bodegas y otros sitios, y que el Estado recaude; y señaló que Contraloría y Anticorrupción cuestionan que se haya hecho a través de un contrato directo y no de una licitación, pero no es una acción ilegal. Al ser consultado sobre si es testaferro del senador Oscar Salomón y si tiene vínculos con la senadora Lilian Samaniego, respondió que sólo los conoce de saludo: "A mí, nadie me puede señalar". 

"Tratamos de poner orden y que los niños no sigan expuestos a la ludopatía y empieza esta situación sistemática no solamente de parte de ustedes (ABC) sino también del Congreso. Tocamos la llaga de algo que hay muchos intereses, hay gente interesada en que en esto nadie se meta", dijo Alonso.

VOTO DE CENSURA

El senador Jorge Querey manifestó que las denuncias contra Ortiz Báez no tienen ningún contexto político y que la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Contraloria General ya expidieron informes sobre las irregularidades. "Con esos datos, el presidente Mario Abdo no necesita de ningún voto de censura para separarlo del cargo", aseguró.