De esta forma, estima las medidas cautelares solicitadas por el Consejo Empresarial del Juego (CeJuego), contra la resolución del pasado 9 de abril sobre medidas sanitarias contra el coronavirus. La asociación denunció en ese momento que la Generalitat Valenciana incumplía las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, elaboradas para el control de la pandemia, al mantener los establecimientos de juego cerrados aun cuando la comunidad está en el nivel de más bajo a nivel nacional.
En este sentido, la sala considera que dada la situación epidemiológica en la que se encuentra actualmente la Comunidad Valenciana, con la incidencia más baja de todas las comunidades autónomas, la apertura de estos locales no producirá perturbación grave en los intereses generales si se cumplen las condiciones y restricciones que fijó la Generalitat Valenciana.
Y es que, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, contempla el posible cierre y la suspensión de actividad de este sector de forma temporal, únicamente cuando el territorio se encuentra en el nivel de alerta 3, una situación ahora lejana en la Comunidad Valenciana.
Este viernes la Comunidad Valenciana cumple un mes consecutivo en situación de riesgo bajo de propagación del COVID-19. A día de hoy presenta la incidencia acumulada más baja de España, con apenas 35 contagiados por cada 100.000 habitantes, pero el Gobierno que preside Ximo Puig mantiene las restricciones más duras de todo el país.
#COVID19. La Sala de lo #Contenciosoadministrativo del @TSJCV ha estimado la medida cautelar solicitada por una asociación de empresarios relativa a la reapertura de bingos, casinos y otros establecimientos del juego
— TSJCV (@TSJCV) April 15, 2021
Esta resolución abre la puerta a nuevos recursos de sectores como el de la hostelería, obligado a cerrar sus negocios a las seis de la tarde, o el ocio nocturno, cuya actividad está paralizada de facto, que han trasladado su malestar a la calle en forma de protestas ante el Palau de la Generalitat.
En el caso de los bingos y salones de juego, el tribunal, sin entrar en el fondo del asunto, ha estimado así las medidas cautelares solicitadas por una asociación de empresarios del sector contra la resolución de la Conselleria de Sanidad del pasado 9 de abril sobre medidas sanitarias contra el coronavirus.
La Sala no encuentra en esa resolución administrativa “justificación ni motivación suficiente para mantener la medida de cierre” en la situación actual, “sin perjuicio de posibles situaciones futuras distintas que determinen que la Administración adopte las medidas precautorias que considere adecuadas”.
Los magistrados no aprecian perturbación grave del interés general en la reanudación de la actividad de este sector atendida la situación epidemiológica actual de la #ComunidadValenciana
— TSJCV (@TSJCV) April 15, 2021
Los magistrados recuerdan que el mantenimiento del cierre difiere del tratamiento fijado para este tipo de establecimientos por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que contempla el posible cierre y la suspensión de actividad del sector de forma temporal solo en el nivel de alerta 3.
El auto, que puede ser recurrido en reposición, mantiene de esta manera las medidas relativas a actividades recreativas de azar que establecía la resolución de Sanidad de 5 de diciembre de 2020, con la apertura de hasta un 30% del aforo interior de los establecimientos, entre otras limitaciones.
De este sector dependen en Valencia 7.000 puestos de trabajo directos, 30.000 empleos indirectos, y 133 empresas. Se estima que las pérdidas por este cierre podrían alcanzar los 129 millones de euros.
En paralelo, se dió a conocer en la mañana del viernes que la Generalitat decidió no recurrir la decisión del TSJCV. Así lo anunció en Castelló el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ha dicho que "se dan las circunstancias oportunas para que, con los límites de aforo, se pueda mantener esta actividad".