Para los partidarios de legalizar las apuestas, éstas representarían mayores ingresos al fisco, sobre todo en momentos de vulnerabilidad económica. Sin embargo, los detractores opinan que viabilizar esa práctica puede ser negativo, sobre todo para niños y jóvenes.
Tras el aval de la Corte Suprema estadounidense a las apuestas deportivas, es cuestión de tiempo que se debata nueva legislación para desarrollar el marco legal en torno a la actividad de las apuestas sobre deportes en Puerto Rico.
El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, declaró a El Vocero: “Estamos trabajando para crear un andamiaje para la fiscalización y reglamentación”. No expresó si la agencia avala o no la práctica y qué representaría para los recaudos públicos.
Por su parte, el analista e historiador Mario Ramos explicó que la actividad de las apuestas, no sólo en el deporte, siempre existió de manera ilegal. Anticipó que deberán surgir compañías interesadas en establecer empresas de apuestas en la isla bajo un nuevo marco legal que se apruebe.
Ramos señaló que aun cuando la Asociación de Hoteles y Turismo y los casinos se oponen a legalizar esas apuestas, impera el silencio desde que surgió la reciente decisión judicial. En cambio, entiende que para algunas ligas deportivas, la posibilidad de hacer legales las apuestas está bien visto.
El jueves, el senador José Nadal Power presentó la Resolución 756 para que las Comisiones de Hacienda, de Gobierno y de Relaciones Federales, Políticas y Económicas investiguen la viabilidad y conveniencia de que Puerto Rico se sume a más de una veintena de estados norteamericanos que buscarán reglamentar las apuestas sobre eventos deportivos. Como informó Yogonet, en la Cámara de Representantes existen otras gestiones.
“La reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la inconstitucionalidad de las prohibiciones sobre apuestas deportivas abre paso a una nueva industria que ponga a Puerto Rico a competir con otros destinos de apuestas a nivel mundial”, señaló Nadal. “Legalizar este negocio viabilizaría una industria sumamente lucrativa y que hasta el momento ha operado al margen de la ley, lo que podría redundar en mayores recaudos para el Estado”, sostuvo.
El senador destacó que entre las apuestas permitidas en Puerto Rico se pueden contar los juegos de casinos, lotería y apuestas en carreras de caballos y peleas de gallos. En este sentido, Ramos no considera que las nuevas apuestas representen competencia para las alternativas existentes, por tratarse de nichos diferentes.
La opinión de Ramos es que la nueva legislación conllevará un proceso que tomará tiempo. “Si se prueba que es una industria altamente fiscalizada y se garantiza que menores nunca tengan intervención en eso, sería una opción de altos ingresos para el gobierno. Si a ello se quiere agregar mayor endoso, se puede destinar una partida de esos ingresos para que un ente, que puede ser corrido por la iglesia, lo utilice para rehabilitar adictos, tanto al juego como a cualquier otro tipo de adicción”, indicó.
En tanto, uno de los principales detractores a la medida es el expresidente de la Cámara, José Aponte, quien planteó sus dudas de que las apuestas sean beneficiosas para la economía. “¿Si yo genero $20 y me gasto $19 en tratamiento de salud, $1 se considera beneficio? De esto se trata, si la práctica afecta la salud, el costo de tratamientos es mayor en toda la sociedad, porque es una práctica que no solo afecta al jugador, sino a los que lo rodean”, observó.
“Desde siempre está la polémica de quién fiscaliza los juegos de las tragamonedas ilegales, si es Hacienda o Turismo, y mientras se ponen de acuerdo ellos siguen por la libre. ¿Se trata de apuestas online? ¿Quién fiscaliza o controla eso? Cada día se abre más el alcance para los vulnerables, principalmente los jovencitos”, concluyó.
Con información de El Vocero de Puerto Rico.