Según comunicó el Municipio de Coquimbo, hasta el momento son dos las firmas que presentaron ofertas para la administración del casino de Coquimbo, en un proceso iniciado con la presentación de las ofertas técnicas y económicas para la comuna de Coquimbo; que continuó con la revisión del origen y suficiencia de fondos de los postulantes, y la evaluación técnica del proyecto por parte de la SCJ, entre otros aspectos. Se otorgará un permiso de operación por un plazo de 15 años al ganador de la licitación, en el marco del proceso que se está desarrollando.
Alejandro Campusano, presidente del Concejo Municipal, explicó: “El administrador municipal, Patricio Reyes, efectuó una exposición del procedimiento, enmarcado en la nueva ley 19.995 de 2005, modificada a su vez en 2015, y que indica que, como municipio, vamos a tener un 10% de los ingresos brutos del nuevo operador del casino, además de una oferta mínima garantizada, que no debe ser inferior a las 150 mil UF (Unidad de Fomento) anuales”.
El concejal añadió que sin perjuicio de ello, necesitan más información de este proceso, porque deben “velar por los intereses del municipio, especialmente los presupuestarios”, y para ello, solicitarán una reunión con la SCJ con el fin de tener claro los alcances de la ley y hacer todas las consultas pertinentes.
Campusano agregó: “También queremos saber cuál es el protagonismo que tiene el municipio en este proceso, porque en la Municipalidad está toda la experiencia en este tipo de causas y así pueda haber una fiscalización adecuada, pese a que al respecto la ley da todas las atribuciones a la SCJ. A futuro queremos sostener una reunión con los siete municipios del país con casinos regidos por la antigua ley, y presentar una propuesta al Presidente de la República y al Congreso a fin de que exista un mayor protagonismo del Municipio respecto del presupuesto que se va a generar”.
La Municipalidad de Coquimbo solicitó condiciones especiales para el otorgamiento de permisos de operación para el casino local, entre estas, una oferta económica mínima garantizada de 150 mil UF anuales y contar con un centro de eventos con capacidad mínima para dos mil personas.