El gobierno brasileño planeaba recaudar alrededor de 542 millones de reales (USD 144 millones) de una concesión a 15 años. Los fondos iban a destinarse a financiar un mayor gasto en seguridad pública.
Como parte de las reglas, Caixa Econômica Federal tenía prohibido participar en la subasta, por lo que a los inversionistas les preocupaba tener que llegar a competir contra Caixa, que se encarga de fiscalizar otras loterías.
Para Dionísio Reis, el director del sindicato de trabajadores (CEE) de Caixa, la cancelación es una buena noticia para los empleados del banco público y el país. “Esta fue una gran victoria para la defensa de Caixa 100% pública, contra la entrega del patrimonio público brasileño. Las loterías de Caixa son una gran fuente de recursos para inversiones sociales”, declaró.
Por su parte, María Rita Serrano, coordinadora del Comité Nacional de Defensa de las Empresas Públicas y representante de los empleados en el Consejo de Administración de Caixa, señaló que la ausencia de interesados se debió a la inestabilidad política del país, las modificaciones en el marco normativo de las loterías, el veto del Ministerio de Hacienda a que Caixa participe de la subasta, y sobre todo, por la resistencia de las entidades representativas de los empleados del sector bancario público.
La noticia se da en simultáneo a la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, cuyo integrante Ricardo Lewandowski determinó ayer que el gobierno de Michel Temer no podrá vender el control accionario de empresas públicas de economía mixta sin la autorización del Poder Legislativo.
En la práctica, quedan suspendidas las privatizaciones de entidades estatales de capital abierto, informó la Agencia Brasil, y puntualizó que la decisión abarca no sólo a empresas como Petrobras, Eletrobras y el Banco de Brasil, sino también a sus subsidiarias, extendiéndose incluso a las esferas estadual y municipal de la administración pública.
Lewandowski profirió la decisión al juzgar una acción directa de inconstitucionalidad abierta en noviembre de 2011 por la Federación Nacional de las Asociaciones del Personal de la Caixa Económica Federal (Fenaee) y por la Confederación Nacional de los Trabajadores del Ramo Financiero (Contraf/Cut).
Al justificar la urgencia de la medida, Lewandoski aludió a la creciente ola de desestatizaciones que viene tomando cuerpo en todos los niveles de la Federación y advirtió que si las privatizaciones se realizaran sin la estricta supervisión de lo que dispone la Constitución, eso resultará en “perjuicios irreparables” para el país.