La modificación de la ley que regula el turf en territorio bonaerense es impulsada por el Gobierno de María Eugenia Vidal, en el marco de las políticas de ajuste que se vienen aplicando desde el comienzo de la gestión, y tenía como objetivo forzar la autosustentabilidad de los hipódromos de la provincia, aunque el plan B era que cierren sus puertas.
Pero según los sindicatos y asociaciones vinculadas a la actividad el verdadero objetivo era favorecer un negocio inmobiliario millonario, ya que las pistas de carreras de caballos generalmente están ubicadas en grandes predios con un valor altísimo para la construcción.
El subsidio a la actividad representa para este año unos 1.000 millones de pesos (33,5 millones de dólares) y corresponde al 9% de los recaudado en las máquinas tragamonedas de los bingos, por eso se habla de un fondo "compensador", ya que una actividad lúdica financia a otra, y este fue uno de los argumentos de la oposición para rechazar la iniciativa.
La estadística que esgrimieron los trabajadores advierte que por lo menos 80 mil empleos podrían ponerse en riesgo con la eliminación del subsidio, afectando no solo a corredores, vareadores y cuidadores de caballos, sino también a veterinarios, docentes y hasta terapeutas que realizan equinoterapia.
En términos políticos, el no tratamiento de la ley en la sesión del pasado jueves representa una dura derrota para el oficialismo, que estaba dispuesto a avanzar rápidamente con las modificaciones propuestas, a pesar del rechazo de los trabajadores y empresarios del sector, junto a las movilizaciones a la Legislatura.