La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y ediles de la comuna habían sido denunciados por operar para conceder este terreno –valuado en USD 185 millones– a un grupo de empresarios hoteleros, entre los que se encontraba como nexo Darío Messer, parte del entorno del entonces presidente Horacio Cartes.
Inicialmente, la fiscal Analía Rodríguez, esposa de un funcionario municipal esteño leal a Sandra McLeod, había solicitado la desestimación de la denuncia. La jueza Alba Meza hizo lugar al pedido sin siquiera objetar el punto.
Luego de que la causa permaneciera dormida durante un año, abogados del sindicato de Puertos reflotaron la denuncia e impugnaron esa decisión. Fue allí que se dio el cambio de postura del Ministerio Público. El nuevo fiscal de la causa, Andrés Arriola, solicitó la reapertura a fin de investigar a fondo.
Javier Zacarías Irún, intendente de Ciudad del Este en los períodos 2001-2006 y 2006-2010 y esposo de Sandra McLeod de Zacarías, actual intendenta; y Emilio Augusto “Tiky” Cubas, socio de Zacarías Irún, a través de Messer (prófugo y buscado por la Justicia paraguaya y brasileña), habrían ofrecido el valioso predio a Simón Falic, un empresario estadounidense de ascendencia israelí.
El negocio según las sospechas tenía el aval de las más altas autoridades del Gobierno, entre ellos el del ministro de Industria y Comercio (MIC) de entonces, Gustavo Leite y el titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, ya que además de un hotel se pretendía instalar un casino, que operaría el grupo Hard Rock.