Ante la acusación de un diputado provincial y un dirigente sindical

Argentina: la titular del IPJyC de Mendoza explicó una "deuda flotante" de 2017

Josefina Canale, titular del IPJyC: "Lo que está haciendo el Tribunal de Cuentas es un tema contable para preguntarnos por qué no se llegó, sin ponernos multa ni cargo. No es dinero que retengamos ni que se haya desviado, ni mucho menos".
27-09-2018
Tiempo de lectura 2:17 min
El diputado Lucas Ilardo y el secretario general de la Unión del Personal de Juegos y Casinos de Mendoza, Martín Caín, denunciaron un faltante de $93 millones asentado en un informe del Tribunal de Cuentas de 2017. Josefina Canale indicó que no se llegó al monto porque cerraron cinco casinos y bajó la recaudación; el IPJyC tiene que subvencionar sus propios gastos antes de transferir dinero a la Provincia; y se duplicó la planta de personal permanente y el canon a la empresa que explota slots.

El diputado provincial Lucas Ilardo (Unidad Ciudadana) y el titular de la Unión Personal de Juego Casino de Mendoza, Martín Caín, presentaron un informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2017 que da cuenta de un monto no transferido 93 millones de pesos (USD 2,4 millones). La titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), Josefina Canale, explicó que la cifra nace de la diferencia entre lo que dice el presupuesto y lo que efectivamente se envía: “Se trata de temas contables, de tecnicismos. Nosotros estamos al día con los números”.

Por su parte, el legislador Lucas Ilardo declaró: "Nos preocupa sobremanera, es muchísimo dinero. Pueden estar incurriendo en un grave delito", y aseguró que pedirán explicaciones y concurrirán a la Fiscalía de Estado. 

Según lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (nº 7314), el IPJyC debe transferir no menos del 35% de sus ingresos brutos al Estado provincial para programas de salud preestablecidos (Incaimen, plan oncológico provincial, plan de diabetes, entre otros) y planes sociales.

Esos 93.598.663 pesos "no transferidos" al cierre de 2017 derivan de la diferencia entre los 245.701.591 pesos estipulados en el Presupuesto y los 125.375.000 que sí llegaron a las arcas provinciales.

Según explicó Canale a Sitio Andino, "históricamente, salvo unos pocos años, nunca se llegó a ese cupo de 35% porque el IPJyC tiene que subvencionar sus propios gastos y, después de eso, se envía el dinero a la Provincia".

"El Tribunal de Cuentas, cuando revisa el resultado de un año, lo que hace es poner esa diferencia entre el techo que pone la ley de Presupuesto y lo que efectivamente se envió, que se pone como deuda flotante. Si el Tribunal detectara una diferencia de esa magnitud haría directamente la denuncia en la Fiscalía de Estado", agregó la funcionaria.

"Lo que está haciendo (el Tribunal de Cuentas) es un tema contable para preguntarnos por qué no se llegó, sin ponernos multa ni cargo", explicó Canale, y remarcó: "No es dinero que retengamos ni que se haya desviado, ni mucho menos".

Consultada sobre por qué no se llega sistemáticamente al cupo del 35% requerido por ley, la funcionaria recordó qué pasó cuando iniciaron la gestión: "Tuvimos que pagar en 2016 unos 100 millones de pesos en deuda acumulada de 2015. Y en 2017, no llegamos (al cupo del 35%), en parte, porque cerramos cinco casinos", acotó la titular de Casinos. La funcionaria argumentó que el cierre de salas, que fue una decisión política, generó menos ingresos durante 2017.

Asimismo, en 2018 tampoco se cumplirá con esa meta, según los argumentos de Canale, por dos razones: una es que entre 2014 y 2015 se duplicó la planta de personal permanente, y la otra radica en que el canon abonado a la empresa que maneja los tragamonedas (Mendoza Central Entretenimientos) pasó del 24% a casi el 50%

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