La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PHRTA, por sus siglas en inglés) volvió a rechazar la legalización de entre 20.000 y 30.000 máquinas tragamonedas, que según denuncia provocará pérdidas anuales cercanas a los USD 150 millones para los casinos de la isla.
Aún se desconocen los pormenores del proyecto, pero se sabe que la idea es permitir que estas slots entreguen premios en efectivo y que, además, tributen una parte de lo recaudado al Gobierno. Se estima que estas máquinas podrían generar hasta USD 100 millones anuales para las arcas públicas.
Miguel Vega, expresidente de la Junta de Directores de la PHRTA, indicó a EFE que desde hace años se habla de la legalización de estas máquinas como una posible solución a los problemas de las finanzas públicas de Puerto Rico. A su juicio, esto es un error.
Explicó a San Diego Union Tribune que no habrá forma de controlar la fuente de los fondos de los jugadores y esto podría favorecer el lavado de dinero. En los casinos, cada cliente debe estar debidamente registrado
Por su parte, empleados de varios casinos alertaron que —si se concreta el acuerdo entre el Ejecutivo y las cámaras legislativas para legalizar estas tragamonedas— el Gobierno no podrá evitar el lavado de dinero.
"Simplemente no es posible cumplir con los requisitos que establecen las leyes federales y locales sobre lavado de dinero en una operación de juegos de azar sin la presencia física de personal adiestrado", sostuvo Héctor Colom, oficial de cumplimiento del Casino Metro en el Centro de Convenciones, a través de un comunicado del que se hizo eco El Nuevo Día. Colom descartó que una conexión a un sistema que registre las jugadas sea suficiente para evitarlo.
Un estudio comisionado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico a Spectrum Gaming Group, hace cinco, años advirtió que ese remedio sería peor que la enfermedad, recuerda una nota de El Nuevo Día. Para el 2013, se estimaba que había una tragamonedas por cada 35 adultos, cifra alejada del rango de entre 200 y 400 tragamonedas por adulto que se considera como aceptable. De acuerdo con el análisis, agregar 30.000 tragamonedas al mercado reduciría los recaudos del fisco en aproximadamente un 38% cada año.
En contraposición a estas opiniones, el catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda señaló a EFE que el sector de las tragamonedas ha pedido en varias ocasiones a las autoridades que se regule su actividad. Si esto no ha ocurrido es porque tanto los casinos como la Compañía de Turismo lo rechazan. Alameda sostuvo que el público que recurre a estas máquinas es muy diferente al que se acerca a los casinos. Por eso, para él, el temor de estos últimos a la pérdida de dinero carece de sentido.