La Cámara baja de Puerto Rico aprueba la reforma que regula las tragamonedas fuera de casinos

La inclusión de las máquinas de juegos de azar en el proyecto de reforma contributiva provocó ayer un debate intenso en el caucus de la Cámara de Representantes, hasta el punto que el presidente del cuerpo, Carlos Méndez, propuso sin éxito atender esos asuntos en medidas separadas.

Tras peligrar el acuerdo para incluir la legalización de tragamonedas dentro de la reforma, finalmente se decidió que de los ingresos por la venta de licencias, se destinaría un 45% para el retiro de Policías, otro 45% para el pago emitido por los municipios por concepto de la tarjeta de salud y 10% al Fondo General.

“Creo que el tema debió haber tenido un poco más de detalle, pero una vez el caucus decidió atender el tema junto (a la reforma contributiva), mi voto va a ser a favor”, expresó el vicepresidente de la Cámara, José Torres Zamora.

Tras el caucus, se acordaron una serie de enmiendas al borrador del proyecto. Torres Zamora explicó que el pago de marbete por cada máquina sería de $1.500. Además, se buscaría que cada operador pague $300 adicionales por máquina a la División de Juegos de Azar para fiscalización. El tope por premio sería de $1.000.

El proyecto dispone la conexión de 25 mil máquinas tragamonedas al sistema del Departamento de Hacienda y de otras 20 mil si un estudio determina que hay suficiente mercado. Cada operador mayorista podría tener un máximo de 500 máquinas. Además, se incluirían enmiendas para evitar que operadores se asocien en una sola empresa que pueda controlar el mercado.

El representante José Aponte Hernández, quien aseguró que votaría en contra del proyecto, había pedido sin éxito integrar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en el proceso de inspección de las máquinas y en la evaluación de antecedentes a la que están sujetos los operadores de máquinas en los casinos.

El expresidente cameral también mostró preocupación por la sección 27 del proyecto, en la que se dispone que la persona con licencia podría remover y contabilizar los ingresos de las máquinas. Además, sería responsable de distribuir todo el ingreso de dinero generado por las máquinas de azar.

Luego de que Aponte Hernández levantara bandera, la mayoría se amparó en que el equipo va a estar conectado al sistema de Hacienda, lo que permitiría que se registre la entrada del dinero.

Por otro lado, la legislación sólo permitiría 10 máquinas por negocio. Los establecimientos autorizados deberán estar a no menos de 100 metros lineales de una escuela pública o privada y/o una iglesia o congregación. Tampoco podrán ubicarse a menos de 1.200 metros lineales de un hotel con casino.

Este lunes se anunció que se había logrado un pacto entre el Gobierno de Puerto Rico y la Legislatura que daría paso a la reforma contributiva. Según figura en un borrador de ese proyecto relevado por El Nuevo Día, se dispone en la sección 129 de la reforma contributiva la autorización a la introducción, manufactura, posesión, uso, funcionamiento, instalación y operación de máquinas de juegos de azar en negocios en Puerto Rico. Se define como negocio, al permitir la operación de estas máquinas fuera de los casinos, a un local o establecimiento autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos Estatal o Municipal a realizar toda aquella operación comercial de venta al detal de productos o servicios.

No obstante, en el texto de la sección se prohíben los casinos fuera de los hoteles, al disponer que estas máquinas no podrían representar “ni el único, ni el mayor ingreso de la actividad comercial del establecimiento”. Se vislumbra que los ingresos serán un “complemento” y no la fuente principal del establecimiento. Según el texto, todas las máquinas serán licenciadas y fiscalizadas por la Comisión de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y estarán conectadas a un sistema manejado por la misma entidad.

El lenguaje propuesto establece que una vez convertida en ley, la CTPR deberá confeccionar un reglamento dentro de 60 días para delinear el orden de prioridad en el otorgamiento de las licencias de máquinas de juegos de azar. Ese documento deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

El borrador sostiene que tendrán “prioridad” durante los primeros tres meses de vigencia del reglamento las empresas o individuos con licencias vigentes de máquinas de video o juegos electrónicos o empresas o individuos con licencias de máquinas de entretenimiento para adultos.

El Departamento de Hacienda tendrá 30 días a partir de la aprobación de la ley para certificar las licencias vigentes de máquinas de entretenimiento para adultos en 2018. Antes de empezar a otorgar los permisos, la División de Juegos de Azar de la CTPR hará una investigación al dueño de máquina independiente o al dueño mayorista de las máquinas. Se tomará en cuenta, según el texto del borrador, la capacidad financiera del solicitante, el historial penal, si tiene deudas con el Estado y tendrá que divulgar sus socios o inversionistas.

Los ingresos de las máquinas serán repartidos entre 31% para la CTPR, 30% para los dueños de los negocios, 33% para el mayorista de las máquinas y 6% para un fondo que se describe como el “mantenimiento y constante desarrollo” de requisitos de tecnología”.

El lunes se reiteró en La Fortaleza que la recaudación por la venta o renovación de las licencias serán repartidos entre el Fondo General, los municipios y un fondo especial para las pensiones de policías.

Críticas y protesta del gremio de hoteleros

La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA) protestó este martes en El Capitolio y catalogó la medida como “un intento deshonesto para engañar a los legisladores y al pueblo”. Miguel Vega, expresidente de la PRHTA, advirtió que la legalización de las máquinas de juegos de azar fuera de los casinos representa la “inminente debacle de la industria del turismo en la isla y una pérdida de $300 millones al fisco”.

En una conferencia de prensa en El Capitolio, Vega denunció que se pretende legislar la legalización de estas máquinas como parte de la reforma contributiva y sin que se realicen vistas públicas. “No se puede seguir improvisando con la industria de turismo en Puerto Rico”, señaló Vega al denunciar que recién el lunes tuvo acceso al lenguaje sobre las máquinas de juegos de azar que formará parte del proyecto de reforma contributiva.

Vega cuestionó que en las 23 páginas de enmiendas no se atienden asuntos medulares como el lavado de dinero y la necesidad de que se realicen investigaciones de campo a cualquier individuo o corporación que pretenda entrar en el negocio. Recordó que un estudio comisionado por la Comisión de Turismo de Puerto Rico (CTPR) a la empresa Spectrum reveló que la legalización de 30 mil máquinas le costaría al erario hasta $194 millones.

Aunque el liderato legislativo indicó que lo atenderá de manera separada, la PRHTA también volvió a criticar que esa rama de gobierno busque aprobar un proyecto de ley para legalizar miles de tragamonedas sin un proceso de vistas públicas.

“Estas acciones levantan más dudas que respuestas, ya que los propulsores de esta legislación no han querido dar detalles del proyecto y no han hecho público los estudios que, según alegan, están utilizando, en una clara improvisación para aprobar esta medida y en menosprecio de la opinión de los ciudadanos que representan”, indicó este lunes el líder de la PRHTA, Pablo Torres.

Por su parte, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Raúl Torres Cruz, envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló en la que solicita que no se aprueben las máquinas tragamonedas en la reforma contributiva.