Un funcionario de Puerto Rico advirtió por el impacto negativo de la legalización de slots

Según Manuel Laboy, la Cámara mantuvo una serie de enmiendas "nocivas" que reducen los incentivos de exportación de la Ley 20 y de inversión de la Ley 22.

En ese sentido, indicó que la legalización de las tragamonedas pondría en riesgo miles de empleos, y si se afectan los casinos, atentaría contra los ingresos que recibe la Universidad de Puerto Rico, la Compañía de Turismo. De esa forma, aseguró que tiene el potencial de reducir el movimiento económico en la industria turística, según sus declaraciones antes del inicio de un recorrido junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares tras la llegada de 17 mil turistas en tres barcos cruceros.

"Esto sería nefasto para los ingresos que recibe el gobierno de Puerto Rico por juegos de azar y los casinos. Esto (la reforma contributiva) debe estar basada en los acuerdos establecidos", sostuvo Laboy, quien enfatizó así el impacto negativo que ocasionaría la conexión de unas 40 mil máquinas tragamonedas para la operación de los casinos.

“Trabajaremos en equipo para que cualquier medida que implemente la regulación de las tragamonedas no afecte el turismo y contribuya al desarrollo económico porque entendemos la preocupación del sector turístico”, aclaró Laboy en declaraciones posteriores, según publica El Nuevo Día.

Por su parte, el gobernador Rosselló Nevares comentó que no había terminado de leer la parte del proyecto de ley sobre las tragamonedas, pero se mostró confiado en que se podía alcanzar una versión que armonizara la legalización de las máquinas con los intereses de los casinos y el sector turístico.

“Mi consideración ha sido que lo que sea juego se tiene que regular y evaluar con todos los actores, y la industria hotelera es uno de esos actores”, manifestó el mandatario.

Con 30 votos a favor y 18 en contra, la Cámara de Representantes dio media sanción al proyecto que viabilizaría la operación de las máquinas de juegos de azar fuera de los casinos con un tope de 45 mil unidades. Se determinó que no podrán ubicarse a menos de 1.200 metros de los hoteles o los casinos, entre otras limitaciones.