La iniciativa busca engrosar las arcas públicas estatales, como consecuencia del ajuste que se estima costará $ 6.500 millones para la Ciudad y cerca de $ 35.000 millones para la Provincia de Buenos Aires.
De esta forma, Rodríguez Larreta presentó un proyecto de ley para crear un nuevo impuesto con el que financiar programas de infraestructura y de asistencia en áreas sociales, que estará integrado esencialmente por recursos provenientes de los premios de las máquinas tragamonedas.
La iniciativa porteña aspira a constituir un “Fondo de Integración y Desarrollo Social” (FIDeS) y, en líneas generales, es muy similar a la presentada por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, junto al proyecto del Presupuesto 2019 para su distrito.
La iniciativa -que lleva la firma del ministro de Economía porteño, Martín Mura- propone la conformación de este fondo, el cual indica que el resultado del gravamen “tendrá destino específico para el financiamiento de programas de infraestructura, mantenimiento y de asistencia, en salud, educación y desarrollo social”.
Según informó la agencia Télam, el mismo estará integrado principalmente por “un aporte del 2% sobre todos los premios o créditos resultantes de las sucesivas apuestas realizadas en máquinas electrónicas y electromecánicas de juegos de azar de resolución inmediata”.
La idea, en la que se pusieron de acuerdo tanto las autoridades de Lotería de la Ciudad (Lotba) como su par provincial, el Instituto de Lotería y Casinos, es que se trate de un impuesto al "coin out", es decir, al monto que el apostador puede ganar cuando juega con una máquina tragamonedas.
Las salas de juego tendrán que oficiar como agentes de retención, algo que ya hacen con el impuesto a las apuestas que comenzó a regir en 2017. En concreto, se tratará de un impuesto que variará entre el 2% y el 5% de cada "coin out", lo que representaría cerca de $ 2.000 millones para la Ciudad, y $ 5.000 millones para la provincia de Buenos Aires. Tanto Vidal como Rodríguez Larreta buscarán imitar entonces el sistema que tiene actualmente la provincia de Córdoba.
Desde ambas jurisdicciones estiman que recién en marzo próximo podría comenzar a cobrarse el nuevo impuesto, ya que dan por descontado que los empresarios del sector presentarán diferentes cautelares. En el sector, la noticia cayó como una bomba debido a que desde hace tiempo sostienen que la ecuación económica dejó de ser rentable y que la crisis económica ha golpeado fuertemente la recaudación y la afluencia de público a las salas de juego.