Armonización ha sido la palabra clave, este último mes, entre los actores de la industria del juego española, especialmente para los operadores de casas de apuestas deportivas presenciales y los reguladores autonómicos.
Durante una intervención en la Cámara de Diputados, el 21 de noviembre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió a "la posibilidad de armonizar, a través de un real decreto, la distinta legislación que existe en diferentes comunidades autónomas para regular de una forma más estricta las casas de apuestas presenciales".
Ese mismo día, en el cierre del Congreso de Juego de Castilla y León, Juan Espinosa García aseguró que el organismo que dirige —es decir, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que regula y controla el juego online en toda España— trabajará para dotar al Gobierno de las herramientas adecuadas para llevar adelante este proceso.
“““ Estos nuevos desafíos deben ser abordados desde el liderazgo del sector y de los poderes públicos con competencias en la regulación del juego.
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A tres semanas de estas declaraciones, que generaron gran revuelo por la posible interferencia de la autoridad nacional en una competencia autonómica (como lo es el juego presencial), Yogonet entrevistó al director general de Ordenación del Juego con el propósito de conocer en que consistirá esta armonización.
Espinosa García explicó: "Lo que quise trasladar en el Congreso de Castilla y León fue el inicio de una línea de trabajo en ese sentido. Debemos recordar que el propio Congreso de los Diputados aprobó una moción en la que insta al Gobierno a dos acciones en este ámbito: en primer lugar, a tramitar cuanto antes el Real Decreto de Publicidad del Juego, y en segundo, a acordar mecanismos, siempre de la mano de las comunidades autónomas y entidades locales, para actualizar la normativa en lo que respecta a la proliferación de casas de apuestas, limitando su instalación cerca de centros públicos a los que los menores acudan con frecuencia, como centros escolares, institutos o bibliotecas, entre otros".
"La intervención de la ministra en el pleno del Congreso recogió ambas inquietudes y, en particular, trasladó la voluntad política del Gobierno de trabajar para que las condiciones básicas, que regulen esta actividad en los distintos territorios de España, garanticen la protección salud pública de una manera suficiente y análoga", agregó.
El gran objetivo es elevar el estándar de protección al consumidor en todo el territorio nacional. ¿Por qué ahora? El funcionario argumentó que el juego online, las apuestas deportivas presenciales y los salones de juego son los canales que más se han desarrollado en España en los últimos años. Este crecimiento ha acercado a los ciudadanos a las actividades de juego y ha incrementado la percepción de la presencia de la oferta de juego. Por eso, es extremadamente necesario intensificar el trabajo que evite el acceso de los menores y de las personas con problemas derivados del juego patológico.
Espinosa García explicó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el pleno del Congreso, trasladó la voluntad política del Gobierno de trabajar para garantizar la protección de la salud pública.
"Estos nuevos desafíos deben ser abordados desde el liderazgo del sector y de los poderes públicos con competencias en la regulación del juego, que es lo que la sociedad nos pide. Y en ese sentido, sin perjuicio de las competencias de cada uno, entendemos que propiciar una visión y diagnóstico globales, algo a lo que puede contribuir el Estado, resultará muy positivo en el desarrollo del proceso", consideró.
Ante la consulta sobre los mecanismos que instrumentarán para llevar adelante esta tarea, aseguró: "Todo se abordará dentro del respeto a las correspondientes competencias y la lealtad institucional hacia las Comunidades Autónomas, y mediante los cauces de colaboración y coordinación existentes al efecto en materia de juegos de azar, de entre los que reviste un singular protagonismo el Consejo de Políticas del Juego (CPJ)".
El CPJ es el canal adecuado para canalizar todo lo relacionado con la coordinación del trabajo de armonización con las Comunidades Autónomas. En lo que respecta a las políticas de juego responsable, dentro de los segmento del juego online y las loterías de ámbito estatal, la DGOJ cuenta formalmente con una nueva herramienta: el Consejo Asesor de Juego Responsable (CAJR). "A través de él, queremos trabajar con los expertos, miembros de la sociedad civil y del ecosistema del sector del juego en proyectos concretos y con un programa preestablecido", indicó.
La regulación de la publicidad del juego online es un asunto pendiente en España desde la aprobación de la Ley del Juego. Se desconoce qué tan cerca está el Gobierno de aprobar esta normativa, y Juan Espinosa García explica el porqué: "La publicidad del juego es el nexo de unión entre el sector y la sociedad, y del éxito en abordar ese nexo con acierto depende en buena medida el futuro de la actividad. Debe ser una norma con vocación global, esto es, que aborde todos los aspectos implicados, desde el contenido de la propia publicidad a su emplazamiento".
Añadió: "Es un proyecto en el que seguimos trabajando y que a nadie escapa está costando mucho esfuerzo culminarlo, pero más allá de la determinación ya expresada por la ministra de Hacienda, y de la del propio Gobierno, desde la Dirección General de Ordenación del Juego seguimos manteniendo un perfil de prudencia en la comunicación del punto en el que estamos y a posibles plazos, desde el respeto al Consejo de Ministros que es quien deberá aprobarlo".
“““ Todo se abordará dentro del respeto a las correspondientes competencias y la lealtad institucional hacia las Comunidades Autónomas.
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Más allá del trabajo que están realizando junto al Gobierno, la elección de la palabra armonización generó discusiones paralelas. El director de Juego restó importancia al debate sobre el término en sí y eligió enfocarse en la evolución de la labor de las Administraciones y las normativas como consecuenta de la cambiante realidad de los juegos de azar.
"Más que entrar en disquisiciones terminológicas, para lo cual lo primero es determinar si a la hora de fijar los conceptos partimos de acepciones estrictamente jurídicas o bien más amplias, lo que nos parece relevante es el propósito de dar una respuesta a esta inquietud, una vez se ha puesto sobre la mesa. En todo caso, tampoco creemos que, en justicia, se trate de una nueva etapa, sino de una lógica evolución en la constante labor de adaptación de las regulaciones y las Administraciones a la cambiante realidad de la actividad de juego de azar", opinó.
Y agregó: "En el ámbito que nos ocupa, todas las Administraciones competentes han demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios sociales y/o tecnológicos con el objetivo proteger al ciudadano y regular esta actividad económica. Asimismo, el Consejo de Políticas del Juego ya ha demostrado su validez para abordar y encauzar asuntos donde existen inquietudes e intereses comunes".