El pleno del Congreso español apoyó, en octubre, una moción de Unidos Podemos para regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas, evitar que se anuncien en los medios de comunicación y que personajes reconocidos, especialmente por los menores, sean imagen de campaña.
El texto pide que se cumplan ciertos requisitos como considerar el juego como una actividad económica de especial riesgo para la salud; que se acuerde con el resto de las Administraciones la actualización de sus respectivas normativas en materia de juego, drogadicciones y otros trastornos adictivos a la realidad actual del juego; o que se regulen las comunicaciones comerciales con limitaciones similares a las aplicables al tabaco y alcohol.
"Creemos que en estas propuestas hay un grave error de base y que se está comparando de manera injusta actividades totalmente distintas", sostuvo el director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), Alejandro Landaluce, en una entrevista concedida a Europa Press.
Argumentó que en línea con —el criterio de La Asociación Americana de Psiquiatría— la Estrategia Nacional de Adicciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incluye el juego problemático entre las adicciones conductuales (sin sustancia), tales como las compras compulsivas o las nuevas tecnologías, a diferencia del tabaco y el alcohol, catalogadas como adicciones con ingesta de sustancia.
El directivo de la patronal del juego privado opinó: "Parece ilógico e inadecuado aplicar las mismas restricciones a actividades absolutamente distintas". Agregó que calificar al juego como una actividad económica de especial riesgo para la salud genera una alarma social irreal e innecesaria.
Asimismo, Landaluce resaltó que "el 75% de la población adulta reconoce que juega con asiduidad, y el 97,7% lo hace sin ningún problema". Añadió que España se encuentra "entre los cuatro países del mundo occidental con menor índice de juego problemático, siendo este tan sólo del 0,3%, sólo por detrás de Noruega, al mismo nivel que Suecia y por delante de Alemania".
En este contexto, Cejuego reclama al Gobierno y al resto de los actores públicos que "las opiniones y decisiones que se tomen sobre el sector se basen en hechos, cifras y datos, evitando el uso de estereotipos que ofrecen a la opinión pública una imagen distorsionada e irreal del sector, creando una alarma social innecesaria".