El Gobierno de Puerto Rico enviará el reglamento para las tragamonedas a la JSF

El gobierno enviará a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) un borrador del reglamento elaborado por el Departamento de Hacienda y la Compañía de Turismo para regular las máquinas tragamonedas, uno de los componentes de la Reforma Contributiva que entró en vigencia con la llegada del año nuevo.

La semana pasada, la JSF expresó reservas con el estatuto, porque el gobierno no entregó un cálculo formal de ingresos que recibiría mediante la regulación de las máquinas de entretenimiento para adultos. Ante esto, el ente federal advirtió que podría dejar sin efecto partes de la Ley de Reforma Contributiva.

Por su parte, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, sostuvo este lunes que, a pesar de los señalamientos de la JSF, la Reforma Contributiva ya entró en efecto. “Estamos en espera que la Junta certifique. Vamos a continuar trabajando con la implementación de la reforma porque entendemos que no hay razón para que no se certifique”, apuntó Maldonado Gautier en declaraciones a El Nuevo Día.

Desde que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley el estatuto a principios de diciembre, la JSF manifestó su “preocupación” con los fondos que el Gobierno asegura que se recibirán mediante las tragamonedas. El organismo creado por la ley federal Promesa expresó en meses recientes que teme que la posible proliferación de máquinas de entretenimiento para adultos provoque una reducción en los ingresos de los casinos y, por consiguiente, una baja en los fondos que el gobierno recibe de estas instalaciones.

De hecho, la inclusión de la también llamada “videlotería” fue motivo de debate entre la Legislatura y el Ejecutivo durante la discusión de la medida, que fue aprobada durante los últimos días de la pasada sesión legislativa.

En una carta enviada el jueves pasado al gobernador y los líderes legislativos, la JSF informó que la certificación de cumplimiento con el Plan Fiscal que envió el gobierno sobre el estatuto contributivo es deficiente.

Ante esto, le concedió un término de siete días, que comenzarán a contarse a partir de que se promulguen los reglamentos requeridos, para entregar un estimado de los ingresos que se recibirán a través de las tragamonedas.

“Hacienda y Turismo han estado trabajando, se le está enviando a la Junta lo que tenemos, que son las guías de lo que vamos a estar trabajando para la videolotería”, expresó Maldonado Gautier.

El funcionario argumentó que la JSF ya certificó la justificación de ingresos y gastos, por lo cual no debe haber razón para detener o modificar el calendario de implementación de la Reforma Contributiva.

Por caso, Maldonado Gautier señaló que el Departamento de Hacienda ya hizo ajustes en sus sistemas de informática, en específico en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), para acoplarse a los cambios detallados en la nueva ley.

El secretario de la Gobernación insistió en que los cambios incluidos en el estatuto no van en contra del Plan Fiscal certificado. “No vemos razón para no aprobar (la Reforma Contributiva)”, concluyó Maldonado Gautier.

Rechazo de la industria turística

Luego de que la Junta Federal de Control Fiscal determinó que el Gobierno falló en proveer información formal sobre el impacto fiscal que tendría la legalización de las máquinas tragamonedas que operan fuera de los casinos, representantes de la industria turística consideran que se debe frenar por completo la implementación de la medida.

El ente federal había manifestado que esta ley podría tener repercusiones negativas sobre los ingresos de los casinos, ocasionando una merma en los recaudos provenientes de las instalaciones endosadas por la Compañía de Turismo (CTPR), concepto respaldado por la industria.

Según los datos más recientes del Departamento de Hacienda, las tragamonedas que operan en los casinos generaron recaudos ascendentes a $1,8 millones en el mes de octubre y $7,6 millones en lo que va de año fiscal. Esto representa un incremento de 19% en comparación con el mismo periodo de tiempo al año anterior, cuando se recaudaron $6,4 millones.

Miguel Vega, expresidente de la junta de directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRTHA), reiteró su oposición a la medida y aseguró que acudirán a los tribunales si la junta da paso a la regulación de las máquinas.

“Siempre hemos dicho que estas máquinas son perjudiciales para la industria del turismo en Puerto Rico. La junta ha estado repetidamente señalando lo mismo porque también entienden que no tendrá un efecto positivo sobre nuestras operaciones. Si esto se aprueba va a canibalizar los juegos y afectar las operaciones de los casinos, por lo que vamos a tomar acción legal”, sostuvo el ejecutivo.

Vega enfatizó en que las tragamonedas que operan fuera de los casinos no son reguladas, mientras que a los casinos los obligan a cumplir con requerimientos y especificaciones de la Compañía de Turismo (CTPR) y de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Por su parte, Daphne Barbeito, experta en turismo y una de las referentes de la industria, aseguró al diario local El Vocero que el Gobierno realizó un estudio sobre el impacto económico que generaría la inclusión de las máquinas a la CTPR y que mantienen los resultados en silencio porque demuestran que la medida no se traduce en ingresos neutrales.

“Esta comunicación sólo reafirma lo que llevamos diciendo como portavoces de la industria. El Gobierno no ha podido comprobar que el tema de las tragamonedas sea ‘revenue neutral’. Llevamos meses alertando sobre el silencio por parte de la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos. Ellos no han compartido los resultados del único estudio confiable disponible que tienen, ese estudio que ha debido ser actualizado hace meses”, cuestionó Barbeito.