A horas de finalizar su mandato para cederle su cargo al gobernador electo, Axel Kicillof, María Eugenia Vidal firmó el decreto 1695, que modifica el destino de la recaudación de tragamonedas. El mismo establece que un 20% deberá ser destinado a atender necesidades a cargo del Ministerio de Seguridad, "a efectos de mejorar el servicio de seguridad pública y no resentir la prestación de los servicios a cargo de las Policías de la Provincia de Buenos Aires".
En este sentido, el decreto "permite afectar para la adquisición de Bienes de Uso, un porcentaje que no podrá ser inferior al setenta por ciento (70%), y para satisfacer necesidades relativas a gastos corrientes, como por ejemplo, adquisición de uniformes, municiones, repuestos, mantenimiento del parque automotor y edilicio, atender los costos derivados de convenios de formación y alojamiento con Universidades y otras fuerzas de seguridad, de exámenes psicofísicos de los aspirantes a las fuerzas policiales y otros gastos, un porcentaje de hasta el treinta por ciento (30%)".
Mediante el decreto firmado por Vidal, las utilidades producidas por el funcionamiento de las Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar correspondientes al Estado Provincial, serán distribuidas en un 20% para el Ministerio de Seguridad, un 14% para el Fondo Provincial de Juegos, un 20% para el Fondo Provincial de Educación, un 25% para el Ministerio de Desarrollo Social. Además, un 11% será destinado a Rentas Generales y un 10% a Municipios, de los cuales un 7% corresponderá a la totalidad de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, y el porcentaje restante a municipios que cuenten en su territorio con salas de juego.