Ante la victoria del presidente español Pedro Sánchez, el sector del juego privado en España salió a manifestar la necesidad de que el nuevo gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos adopte medidas para regular la actividad de forma equilibrada y equitativa. El Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) espera que el futuro Ejecutivo regule la cantidad de spots, los mensajes y los horarios de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas.
Ante la creación de un Ministerio de Consumo que tendrá competencias sobre el juego, y que según dieron a conocer las autoridades estará a cargo de Alberto Garzón, desde la patronal indicaron que continúan dispuestos a seguir dialogando con la Administración como lo han hecho hasta el momento. "Estamos abiertos a buscar con los reguladores las distintas normas que afectan al sector para que lo que se plantee sea efectivo, y genere la seguridad jurídica que necesitamos para desarrollar nuestra actividad", aseguraron.
Si bien la asociación aún desconoce qué estructura o qué funciones tendrá el nuevo Ministerio, manifestó que "la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente en estos momentos del Ministerio de Hacienda, no va a desaparecer; la Brigada Especial del Juego dependiente del Ministerio de Interior no va a dejar de existir, el juego presencial seguirá estando regulado por las comunidades autónomas y el juego público y online continuará regulado por el Estado".
Respecto al documento presentado por la coalición de izquierdas, que enumera las normativas que se emplearán en la industria del juego, Cejuego destacó la importancia de "regular la publicidad de todo el juego, en cuanto a cantidad, mensajes y horarios, sin hacer distinciones, es decir, que afecte tanto al juego público (SELAE y ONCE) como al juego privado".
Por su parte, la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) establece la necesidad del diálogo de cara a la adopción de medidas que modifiquen la regulación del sector del juego y las apuestas. Sin embargo, aseguraron estar a favor de una ley "que dé el mismo tratamiento al juego estatal que al juego privado, ya que entendemos que un trato diferenciado genera una situación de competencia desleal para las empresas privadas de juego online".