El conflicto se remonta al mes de enero de 2019, cuando la entidad detectó que dos elementos del proyecto definitivo de Jocs S.A. no se adecuaban a la propuesta presentada en un primer momento: la marca comercial y una pasarela que debía unir el casino con la plaza del Pueblo.
Jocs presentó las alegaciones correspondientes, pero nuevamente no garantizaba la pasarela, y en febrero de este año se le denegó de nuevo la licencia.
Con todo, durante el trámite de audiencia, la sociedad andorrana sí aportó toda la información necesaria y garantizó el elemento arquitectónico.
El CRAJ, sin embargo, estimó que había sido presentado fuera de plazo y Jocs S.A. presentó un recurso al Gobierno, que fue estimado al considerar que no había problema por haber aportado la garantía de la pasarela durante el trámite de audiencia.
De esta forma, ordenaron al Consejo Regulador que otorgue la licencia a la sociedad ganadora del concurso. "Los criterios han sido puramente jurídicos", aseguró el ministro Portavoz, Eric Jover, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó la cronología de los hechos.