Puerto Rico convirtió en ley la explotación de apuestas deportivas y deportes electrónicos

El proyecto aprobado recientemente modifica la Ley de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, para “permitir nuevas industrias y negocios que creen empleos”, así como también “crear nuevas fuentes de recaudación para el sostenimiento de programas gubernamentales y de servicios esenciales”.

En sus redes sociales, Vázquez Garced señaló que firmó “el PS 1534, medida que encamina la industria de esports y apuestas deportivas en Puerto Rico, incentivando los comercios y empleos en este sector. Con esta enmienda, se podrá completar y lanzar una nueva industria con el potencial de crear miles de empleos”.

El nuevo gobierno, encabezado por Pedro Pierluisi, deberá implementar la Ley y dar paso a la activación de estos segmentos de negocios. En declaraciones a Primera Hora, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, José Maymó Azize, explicó: “El Proyecto 1.534 lo que hizo fue enmendar la ley, en asuntos que se entendía que había que hacer cambios. Lo más significativo, a mi manera de ver las cosas, es el hecho de que bajo la Ley 81, en el lenguaje original, el primer registro de los jugadores podía hacerse tanto presencial como en línea. Ahora, con la enmienda, pues obliga a que ese primer registro sea presencial”.

El director ejecutivo saliente aclaró que el reglamento ya se ha completado, pero que ocurrió en medio de la transición de gobiernos, por lo que aún no han podido presentarlo.

“Lo cierto es que ha sido un proceso bien tortuoso, lleno de obstáculos. Pero estaban listos para ser presentados unos reglamentos que iban a definir la actividad de apuestas deportivas y concursos de ligas de fantasía”, dijo.

La Comisión de Juegos había seleccionado a Gaming Laboratories International (GLI) para asesorar sobre la reglamentación de las operaciones en la isla, basándose en procesos ya utilizados en otras jurisdicciones norteamericanas.

De acuerdo a estimaciones gubernamentales, los esports podrían aportar alrededor de 87 millones de dólares en ganancias para el gobierno puertorriqueño en menos de cinco años.